Autorizada la modificación del límite máximo de endeudamiento a largo plazo de 2012 en 1.502,7 millones de euros

El pasado 29 de marzo la Junta aprobó adherirse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, que se había pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del día 6 de ese mismo mes. Con ello se daba el primer paso para abonar la deuda pendiente de años anteriores a las empresas que efectúan obras, suministros o servicios para la Administración autonómica.

Tras solicitar la incorporación al sistema antes del 1 de abril, la Consejería de Hacienda envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado con las facturas susceptibles de financiar mediante esta línea de préstamo. El 30 de abril la Junta cumplió con el último requisito: remitir al Gobierno de España un Plan de Ajuste acorde a las instrucciones de la Secretaría del CPFF, es decir, con medidas de ahorro e incremento de ingresos dirigidas a cumplir el objetivo de déficit del -1,5% para este año.

A partir de ahí se abrió un plazo -que concluyó el 22 de mayo- para que los proveedores que lo desearan se acogieran voluntariamente a esta fórmula de cobro. Así lo han hecho 2.137 empresas, a las que la Junta de Castilla y León abonará 287.482 facturas por un importe total de 1.052.738.698 euros.

Línea de crédito del ICO

El mecanismo extraordinario para el pago a proveedores consiste en un préstamo que el Gobierno pone a disposición de las autonomías a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En definitiva, supone una inyección inmediata de recursos en un momento en que todas las administraciones se enfrentan a dificultades para obtener financiación. Ahora bien, puesto que se trata de un crédito, obliga a revisar el endeudamiento máximo a largo plazo.

Junto a esto, el expediente autoriza a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución del acuerdo y, en particular, a aprobar y firmar las operaciones de préstamo que permitirán satisfacer las obligaciones atrasadas con los acreedores -1.052,7 millones de euros-.