El PP abre la vía a la privatización de las televisiones autonómicas

“Tras el golpe de mano institucional para controlar RTVE, éste es un paso más en la consolidación del modelo de radio y televisión al servicio del PP que busca imponer el Gobierno”, afirman los socialistas, que precisamente hoy han recurrido el decreto ley sobre RTVE ante el Tribunal Constitucional.
 
El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Control de RTVE, Juan Luis Gordo, ha manifestado su oposición a esta Ley -que considera “innecesaria”-, porque “permite la privatización de la titularidad de este servicio público”, invade las competencias de las Comunidades Autónomas, y “no da respuesta a los objetivos de consolidación presupuestaria, sostenibilidad económica y de mejora de la eficiencia de las cuentas públicas”.  Los socialistas insisten también en que se “han de garantizar los controles democráticos” y el “pluralismo”, así como “evitar la concentración mediática” y  el “monopolio informativo”.
 
Las enmiendas defendidas por el grupo socialista “contribuyen a preservar la naturaleza y el servicio público de comunicación audiovisual” y “dan respuesta a los problemas de reducción de costes y eficiencia y saneamiento de  las cuentas públicas que el proyecto no aborda”, ha apuntado el portavoz. Además de “profundizar en la transparencia y en los mecanismos de control democrático”.
 
Así, el PSOE considera prioritario evitar la privatización de la titularidad del servicio público de comunicación audiovisual de las comunidades autónomas. “La ley permite la privatización y éste es un camino irreversible”, ha advertido Juan Luis Gordo. Por eso, exigían que al menos un canal de las comunidades autónomas sea de titularidad pública y que "en ningún caso" todos los canales puedan ser explotados por gestores privados, lo que impediría en el futuro constituir una televisión pública autonómica.
 
Asimismo, Gordo ha asegurado que “no hay mercado, no hay posibilidad de garantizar la viabilidad económico-financiera en la gestión privada de más canales. Lo que pretende el proyecto es dar un balón de oxígeno a muchas Comunidades Autónomas para facilitar EREs y reformas estructurales de costes, intentando evitar el desgaste político que puede suponer estas actuaciones”.
 
También se han opuesto los socialistas a la externalización de los servicios informativos, ya que, a su juicio, se quiebran “los principios de transparencia, neutralidad y pluralismo”. Y han propuesto avanzar en la mejora de la eficiencia y la reducción de costes, con la posibilidad de establecer convenios de cooperación y colaboración entre los operadores autonómicos y con RTVE para facilitar el servicio público de radio y televisión en las Comunidades Autónomas, “respetando la autonomía de gestión” de éstas.
 
Finalmente, el otro ponente socialista de la Ley, Ramón Jáuregui, ha puesto de manifiesto la soledad del PP en la aprobación de este proyecto de ley, y ha reprochado la “ausencia de debate político” en la tramitación del mismo que, menos de una semana después de iniciarse con el debate de las enmiendas de totalidad en el Pleno del Congreso el pasado jueves, para ya al Senado.