UPyD pide la supresión del Procurador del Común de Castilla y León

Mientras la Junta de Castilla y León contempla únicamente medidas que afectan directamente a la calidad de vida y a los bolsillos de los ciudadanos como el céntimo sanitario, en cambio no recorta en aquellos gastos y organismos que son prescindibles y que sólo tienen interés para colocar a más políticos.

El mejor ejemplo de este despropósito es la contratación, sin oferta pública, de Joaquín Otero, antiguo procurador en las Cortes de Castilla y León.

El Procurador del Común tiene un presupuesto publicado en el año 2011 de 2.266.000 euros, sin contar con las cantidades invertidas en su nueva sede en León, sufragada por todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. Para UPyD la única reducción que cabe es su completa desaparición, han declarado desde la formación.

La formación magenta publicó en abril de 2010 el documento titulado “El coste del Estado autonómico”, un estudio en el que estimaba que se podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros racionalizando las administraciones, lo que implicaba eliminar estos organismos superfluos y competencias duplicadas.

Hoy resulta innegable que en las comunidades autónomas está el mayor foco de despilfarro y el gran agujero negro de la economía española. La lucha contra el fraude fiscal o la reforma de la financiación autonómica son otras políticas cuya reforma ha reclamado UPyD y que ayudarían a equilibrar el presupuesto estatal sin tocar los pilares básicos del estado de bienestar, aquellos que garantizan la igualdad de todos los españoles.

La formación insiste en la eliminación de estos organismos superfluos y duplicados con la administración del Estado y que se mantengan aquellos servicios básicos para los ciudadanos.