La consejera de Familia preside en Segovia el Consejo Regional de Personas con Discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presidido hoy en Segovia el Consejo Regional de Personas con Discapacidad, el máximo órgano de consulta y de participación social en la atención a las personas con discapacidad de Castilla y León. Durante la reunión, la consejera ha hecho un repaso de las actuaciones realizadas por su departamento y ha explicado los hitos más relevantes para el futuro.
 
Así, se ha detenido a explicar el contenido de la futura Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, pactada ya con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que recoge un nuevo enfoque de la atención a estas personas, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de prevención y promoción de la autonomía personal.
 
El proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que consta de 77 artículos, culmina estos días su tramitación administrativa. El texto ha sido remitido ya al Consejo Económico y Social para que emita el preceptivo informe y, posteriormente, se enviará al Consejo Consultivo. Son los pasos previos para que la Ley llegue a las Cortes, previsiblemente antes de verano.
 
No se trata de reconocer nuevos derechos para las personas con discapacidad, más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, sino de garantizar una real igualdad de oportunidades para este colectivo y la efectividad de los derechos y deberes de las aproximadamente 161.200 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3 % de la población castellana y leonesa-, pero también de aquellas personas en riesgo de padecer una discapacidad y sus familias.
 
El texto supone, según ha afirmado Marcos, "un avance fundamental en el compromiso que mantiene la Junta de Castilla y León con la atención y promoción de este colectivo". La consejera ha explicado que la principal ventaja de esta Ley es que logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
 
Se establecerá, para ello, una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas competencia de la Administración Autonómica: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente, así como actuaciones de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.
 
Para lograr una planificación coordinada de todas las actuaciones, la Junta se dotará de dos instrumentos de planificación: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y un Plan Regional de Accesibilidad, que orientará los programas y actuaciones de la Junta y de las entidades locales.
 
El objetivo que persigue la futura Ley es proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo vital -prevención, educación, empleo, integración social-, y facilitarles el ejercicio de su poder de decisión y su participación activa en la vida de la comunidad.
 
La Ley pretende mejorar los recursos y la atención de las personas con discapacidad durante toda su vida, así como la eficacia en todos los entornos -educativo, laboral, cultural o de ocio-, superando el ámbito de los Servicios Sociales de carácter asistencial para considerarlos como auténticos derechos subjetivos.
 
Para dar una respuesta efectiva y adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad se requiere una actuación coordinada tanto en el ámbito estatal y autonómico, como en el provincial y en el local, donde jueguen un papel decisivo los servicios sociales, la sanidad, la educación, el empleo, la cultura, el ocio y el deporte.
 
Entre las medidas que contempla la ley, figura el compromiso de elaborar un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo, principalmente ordinario y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales.
 
Nuevo modelo de integración sociolaboral
 
Tal y como ha detallado la consejera de Familia durante la reunión, una de las líneas estratégicas de la Consejería será potenciar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Para ello impulsará un nuevo modelo basado en el diseño de itinerarios sociolaborales para las personas con discapacidad, estructurados en cuatro fases y en estrecha colaboración entre Educación, Empleo y Servicios Sociales.
 
El objetivo es que las personas con discapacidad logren una adecuada capacitación que les permita establecer un proyecto de vida, participar en la economía y en la sociedad, y dar el salto desde la etapa educativa hasta el mercado laboral, así como luchar para que no se vean abocadas exclusivamente a la cultura de las prestaciones.
 
La primera de las cuatro fases para lograr la pretendida integración en el mundo laboral es asegurar una formación adecuada a la realidad de las personas con discapacidad y orientada a las necesidades del mercado laboral. La Consejería de Educación está trabajando para transformar los programas de Cualificación Profesional Inicial y para garantizar el tránsito del sistema educativo a un centro ocupacional de todas aquellas personas con discapacidad que concluyen la fase educativa. Este tránsito ya lo realizaron durante el pasado curso un total de 59 vallisoletanos y leoneses.
 
El segundo paso se centra en el ámbito prelaboral. El cambio de modelo consiste en la progresiva conversión de gran parte de los actuales centros de día y centros ocupacionales en Centros Especiales de Empleo, partiendo de experiencias ya pilotadas en la Comunidad. La Consejería de Economía y las entidades del tercer sector están diseñando ese proceso de transformación de los recursos para, posteriormente, pilotar experiencias. En la actualidad, la red de Servicios Sociales cuenta con 180 centros ocupacionales y de día, que superan las 8.460 plazas.
 
En la tercera fase se enmarcan los Centros Especiales de Empleo, un proyecto empresarial sólido que ha permitido mantener este año 3.915 personas con discapacidad como trabajadores en ese tipo de centros.
 
Y, por último, llegaría la inserción en el mundo laboral normalizado de este colectivo. La Junta ya está estableciendo contactos para fijar una red de integración laboral de personas con discapacidad que ya hayan superado las fases previas de formación y capacitación. Se trataría de exportar el modelo de inclusión social que ya están aplicando algunas empresas de la Comunidad e implementarlo como modelo de negocio.
 
A esto hay que sumar la reserva del 10 % de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, convocadas por la Administración autonómica -la más alta de España-. El pasado año se incorporaron 12 personas, que se suman a las 239 inscritas en años anteriores.
 
La consejera de Familia ha reconocido que se trata de un modelo que necesita de "un largo recorrido" y que debe asentarse sobre "bases sólidas", si bien ha hecho referencias a experiencias pioneras en esta línea dentro del amplio movimiento asociativo existente en Castilla y León.
 
Otras grandes líneas estratégicas
 
El Consejo Regional para las personas con Discapacidad también ha tenido conocimiento de las otras grandes líneas estratégicas que guían la actuación de la Consejería de Familia y que arrancan con la implantación del nuevo modelo de reconocimiento de derechos individuales, asentado en la Ley de Servicios Sociales, que ha permitido reconocer derechos y prestaciones a 11.578 personas dependientes menores de 65 años con discapacidad.
 
Entre esas apuestas figura la promoción de la autonomía personal, como fórmula para que las personas con discapacidad desarrollen su proyecto de vida de la forma más autónoma posible. El pasado año se atendió a 2.630 niños a través de la prestación de Atención Temprana. En paralelo, se han creado, con la colaboración de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, 29 equipos multidisciplinares de Promoción de la Autonomía Personal, compuestos por 72 profesionales que velan por la correcta atención de las personas con discapacidad que han optado por recibir prestaciones en su domicilio.
 
Otra línea de actuación prioritaria para la Junta es la coordinación sociosanitaria. Prueba de ello es que las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Sanidad suscribieron el pasado 28 de octubre un protocolo para incidir en una atención integral de las personas con dependencia desde las dos vertientes: la sanitaria y la social.
 
Balance de actuaciones en 2011
 
Durante la celebración del Consejo Regional para las Personas con Discapacidad, la consejera ha realizado un balance de las principales líneas de actuación desarrolladas durante el pasado año, entre las que destaca, en materia de accesibilidad, la supresión de barreras arquitectónicas en nueve centros de salud y hospitales, así como las 111 intervenciones en edificios o espacios educativos de la Comunidad y la puesta en marcha de una experiencia piloto de eliminación de barreras en la terminal de autobuses de El Burgo de Osma, en Soria. Junto a esto, figura el impulso para hacer de los espacios naturales protegidos de la Comunidad un lugar accesible para las personas con discapacidad.
 
La discapacidad, en cifras
 
En 2011 había 161.183 personas con discapacidad en Castilla y León, de las cuales, el 49 % eran mujeres y el 51 % eran hombres. La prevalencia de la discapacidad sobre el total de su población es del 6,30 %, afectando especialmente a las personas entre 55 y 84 años, con un índice superior al 8 %. Cerca de la mitad de las personas con discapacidad vive en entornos rurales, concretamente el 45 %.
 
Castilla y León dispone de una red para personas con discapacidad formada por 489 centros 
-308 residencias y viviendas y 181 centros ocupacionales y de día- que ofrecen 14.437 plazas -5.924 en residencias y 8.513 en centros ocupacionales y de día-. Esta oferta se ha incrementado en un 21 % respecto al número de plazas existentes en 2007, es decir 2.519 plazas más -1.032 en residencias y 1.487 en centros ocupacionales o de día-.