El Grupo de Diputados del PSOE pedirá en el pleno del martes al equipo de gobierno de la Diputación Provincial que rechace el nuevo Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero que quiere imponer la Junta a través de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que actualmente tramitan por vía urgente las Cortes de Castilla y León.
El nuevo impuesto prevé gravar los residuos depositados en vertederos con la finalidad de “fomentar el reciclado y la valorización de los residuos”, algo cuestionable teniendo en cuenta que dicho impuesto encarecerá los costes de tratamiento de los residuos en vertedero. Para Aceves supone un ejercicio de “pura política recaudatoria” ya que el impuesto grava más los residuos susceptibles de valorización, veinte euros por tonelada (20€/T), que los no valorizables, siete euros por tonelada (7€/T), imponiendo como sujeto pasivo a las entidades locales propietarias de los instalaciones y apropiándose de la recaudación la propia Junta.
“Resulta paradójica la actitud de la Junta de Casilla y León, ya que por un lado se mantiene inactiva ante el ingente número de vertederos incontrolados a los que no se aplican sanciones como mejor medida para garantizar el tratamiento de todo tipo de residuos, y ahora pretende gravar aquellas actividades que se desarrollan legalmente”, aseveró Aceves.
Aceves recalcó las repercusiones negativas que el nuevo impuesto autonómico tendrá para los bolsillos de los ciudadanos de la provincia de Segovia ya que va a suponer que el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, que gestiona las basuras de la provincia, tenga que repercutir el precio de esta tasa en las Mancomunidades y Ayuntamientos de la provincia, de modo que estos deberán de hacer lo propio, modificando sus ordenanzas y aumentando la tasa de basuras a todos los segovianos.
El Diputado Provincial y Alcalde de Los Huertos, Alfredo Monjas, aseguró que la Junta en lugar de mejorar la financiación de las administraciones locales y dar participación a los entes locales en los tributos de la comunidad autónoma, tal y como establece el art. 142 de la Constitución Española, recorre el camino contrario e implícitamente obligará a los municipios a subir sus tributos, para en último término beneficiarse de ello la propia Comunidad Autónoma.
La subida del IBI es un fraude electoral que quiebra la autonomía municipal.
El portavoz del Grupo de Diputados socialistas, explicó que pedirán en el pleno la retirada de la subida del IBI, contemplada en el Real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ya que ante las dificultades económicas de algunos Ayuntamientos, el gobierno del PP traslada de manera drástica a los ciudadanos el pago de la deuda sin buscar otras formulas que, al menos, permitan mitigar un impacto directo en las maltrechas economías familiares.
“La subida del tipo de gravamen del IBI supone de facto una inmisión del Estado en el ámbito de la autonomía local proclamado como principio en la organización estatal, según establece el art. 137 de la Constitución Española”, aseguró Aceves.
José Luis Aceves explicó que el Ejecutivo del PP, sin consultar a los Ayuntamientos o a la FEMP, sube los impuestos contradiciendo sus propios compromisos electorales e implantando en todos los municipios un gravamen más elevado que lesiona gravemente los intereses de los ciudadanos que ven como se incrementa su participación en el pago de los impuestos municipales.
Esta medida coarta e interfiere en la autonomía municipal y grava en los ciudadanos la financiación municipal comprometida que se ahorra el Gobierno del PP, lo que supone un verdadero “Fraude electoral”, y vuelve a demostrar que el PP mintió a los ciudadanos en la campaña electoral prometiendo menos impuestos y después castigando a las clases medias y bajas con más impuestos.
“Donde el PP dijo digo, ahora dice impuestos”, señaló Aceves.
Alfredo Monjas, calificó como injusta esta subida del IBI ya que no diferencia la situación económica-financiera de cada entidad local y por ello penaliza a los ciudadanos de aquellos ayuntamientos que mantienen los criterios de estabilidad presupuestaria y reducción de déficit público que ahora se defienden desde el Gobierno de la Nación.
“La reclamación municipalista de un nuevo sistema de financiación ha sido desoída palmariamente por el gobierno del PP, adoptando una medida totalmente arbitraria y unilateral”, aseguró Monjas







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