"La ilegal Casa de la Parra"

"No soy consciente de conocer personalmente a Encarnación Barahona, la propietaria de esa “pequeña” vivienda unifamiliar conocida como “Casa de la Parra” y nada tengo en su contra, aunque ella pueda pensar lo contrario. Sin embargo, no es la  primera vez que me dedica un agresivo articulo, intentando ofenderme (no lo consigue quien quiere, sino quien puede) con descalificaciones personales en las que, por ridículas, no merece la pena entrar.

No obstante, comprendo su estado de ánimo al verse envuelta en una operación inmobiliaria ilegal, de graves consecuencias para todos, cuyos únicos responsables son su promotor, el arquitecto Mariano Velasco y el Ayuntamiento gobernado por Ramón Escobar, a quienes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por sentencia de 27 de junio de 1996, condenó al derribo de ese edificio.

Mi única intervención en este asunto ha sido defender, en representación de Izquierda Unida, la correcta aplicación de los criterios del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1984 para elaborar el correspondiente Plan Especial de Recinto Amurallado, que fueron conculcados en este caso, como sentenciaron los Tribunales de Justicia dándonos la razón.

En cuanto a la legalización de este edificio y sus garajes (en total más de 2000 metros cuadrados) Izquierda Unida sigue pensando que esto no es posible para el edificio, ni siquiera aplicando la Modificación Puntual del PGOU de 1984, realizada en 1998, ya que esta parcela, que se segregó del edificio de la calle de S. Agustín que hoy ocupa el Colegio de Abogados, continúa siendo un espacio libre, aunque sobre él se realizara una construcción ilegal que, por tanto, debe ser derribada.

Lo único que, a nuestro juicio, cabría legalizar, son los garajes construidos bajo ese espacio libre, que serían compatibles con esta calificación. De esta manera se evitarían los perjuicios que causaría su derribo a quienes de buena fe han adquirido esas plazas de aparcamiento, no sabemos en qué condiciones, ya que actualmente son ilegales y carecen de las preceptivas licencias, ambiental y de apertura. Al Ayuntamiento le corresponde aclarar por qué se ha consentido esta situación irregular.

Todo esto supongo que debería explicarlo la propietaria del inmueble y su abogado, Jesús Tovar, a quien veo sobrevolando sobre el disparatado escrito que ella ha firmado.

Indudablemente este tipo de operaciones ilegales, consentidas por el Ayuntamiento (con las bendiciones de una ineficaz Comisión de Patrimonio Cultural que permite la ocupación de espacios libres fundamentales en la estructura de la ciudad histórica), son perjudiciales no solo para Encarnación Barahona, sino para los ciudadanos en general que, a través del Ayuntamiento, les tocará pagar una parte de los gastos que conlleva la restauración de la legalidad infringida por un gobierno municipal y unos técnicos obcecados, que son los auténticos responsables de esta situación.

Izquierda Unida considera, no obstante, que el Ayuntamiento no puede admitir la política de los hechos consumados y debe velar por el cumplimiento de la legalidad, aunque ello requiera un esfuerzo económico por su parte. Están en juego sus valores éticos y la confianza en la Justicia."


Luis Peñalosa Izuzquiza
Portavoz Municipal de Izquierda Unida