Ante las declaraciones realizadas el pasado 26 de noviembre, en
Cáceres, por los alcaldes de las ciudades españolas declaradas
Patrimonio de la Humanidad, la Asociaciones que conforman la
Federación de Asociaciones por la Defensa del Patrimonio de Castilla
y León
MANIFESTAMOS:
Que las Asociaciones que integran la Federación de Asociaciones por
la Defensa del Patrimonio de Castilla y León recogen en sus
Estatutos como fines fundamentales, procurar la conservación y
defensa del patrimonio histórico y cultural.
Que la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León recogen la obligación de los ciudadanos
para con su Patrimonio, como así aparece en numerosos documentos y
cartas nacionales e internacionales: “es indispensable la
concienciación y la participación ciudadana en la protección y
conservación del patrimonio".
Que los escritos o denuncias que estas asociaciones puedan hacer
ante los organismos pertinentes, en el caso de las ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, se ajustan en
todo momento a los criterios recogidos en las citadas leyes de
Patrimonio y documentos internacionales. Aportando en cada ocasión
información accesible para cualquier ciudadano: documentos públicos,
fotografías... De ahí, su credibilidad.
Que las mencionadas Asociaciones desempeñan también una gran labor
pedagógica entre la ciudadanía, e incluso, aunque pueda parecer
inmodestia, entre los servidores públicos; ya que, por determinados
proyectos o actuaciones en las ciudades históricas (Patrimonio de la
Humanidad) se denota, además de falta de sensibilidad, un gran
desconocimiento en lo concerniente a los criterios aceptados
internacionalmente en la actualidad por profesionales y expertos en
materia de Patrimonio.
Que la participación ciudadana es la base de un sistema democrático
sano y que declaraciones tan penosas como las de los miembros del
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, no hacen más
que enturbiar las cordiales relaciones que deberían existir entre
los ciudadanos y sus servidores públicos. Creemos en la
participación ciudadana más allá del derecho al voto y también
consideramos que el alcalde de una ciudad debe aceptar las
valoraciones y, en su caso críticas o denuncias, que los ciudadanos
podamos realizar sobre las actuaciones que lleva a cabo en su
ciudad.
Por todo ello
RECLAMAMOS
El amparo de todas las instituciones y organismos implicados en la
protección del Patrimonio, para que no permitan que se dude de la
rectitud que mueve cada una de las actuaciones de estas
asociaciones, legalmente constituidas con el único fin de proteger y
conservar nuestro Patrimonio.
Que en las reuniones que nuestros representantes políticos realicen
de aquí en adelante, éstas sirvan para estudiar políticas
encaminadas hacia la perfecta conservación de nuestro Patrimonio y a
establecer un desarrollo sostenible (también patrimonialmente
hablando) de las ciudades históricas, más que para intentar acallar
la participación de los ciudadanos o a confundir a la opinión
pública.
Que los alcaldes y concejales antes de encargar proyectos que puedan
dañar el Patrimonio o hacer peligrar la integridad y autenticidad de
la ciudad histórica y de la declarada Patrimonio de la Humanidad,
con el consiguiente gasto que muchas de esas acciones conllevan,
cumplan los convenios internacionales y se aseguren de que obran en
todo momento conforme a la ley, sobre todo en materia arqueológica.
Aquí los ciudadanos también podríamos exigir que los servidores
públicos pusiesen un aval cuando encargan esos proyectos, siempre de
elevados costes, y, luego no se llevan a cabo; o cuando un
Consistorio pierde un juicio al que se puede haber llegado por el
empecinamiento de algún dirigente político y luego los costes son
asumidos por el erario público.
Y que los servidores públicos de las ciudades declaradas Patrimonio
de la Humanidad entiendan que ostentar el título "Patrimonio de la
Humanidad" es un honor que conlleva una gran dosis de
responsabilidad y algunas obligaciones.
Este Manifiesto se hace llegar llegar a los organismos e
instituciones implicadas, para su conocimiento.
Salamanca, 1 de diciembre de 2011.
Fdo. Isabel Muñoz Sánchez.
Presidenta de la Federación de Asociaciones
por la Defensa del Patrimonio de Castilla y León.






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