El PSOE reitera que la Junta incumple el acuerdo de Cofinanciación de los Servicios sociales

La denuncia pública planteada hace un mes por Aceves se ha visto confirmada en el pleno corporativo celebrado el pasado martes, ya que  las sospechas de que la Junta de Castilla y León estaba ahogando la tesorería de la Diputación por la falta  de ingreso de las partidas comprometidas para la financiación de los programas Sociales, se han confirmado y resulta que debe más de 1,6 millones de Euros para satisfacer el 50 % del Acuerdo Marco para 2011.

El Portavoz socialista recuerda que de los 5,3 millones de Euros que componen la cuantía anual que tiene que abonar la Junta del Acuerdo marco de cofinanciación de Servicios Sociales, tan solo ha ingresado en las últimas fechas poco más de un millón de euros y por lo tanto la Diputación tiene problemas económicos por el incumplimiento de la Junta, que ya debería de haber abonado a esta fecha 2,7 millones de Euros, que representa el 50 % del total. Lo más grave es que la Junta de Castilla y León está faltando a sus compromisos también en otras áreas de la Diputación.

Falta de recursos en la Oficina de Asesoramiento a Municipios y en la sección de  Abogacía de la Diputación

El Viceportavoz socialista Joaquín Quiñones, puso de relieve en el turno de ruegos y preguntas que el servicio de Abogacía que presta la Diputación provincial a los municipios de la provincia, dentro del Servicio de Asesoramiento a Municipios,  para su defensa en procedimientos judiciales debe mejorar sustancialmente, con más recursos, personal y formación para dar un salto cualitativo,  dado que se han detectado deficiencias en su funcionamiento, como es la dilación en la tramitación de un asunto importante encomendado hace más de dos años por el Ayuntamiento de Pelayos del Arroyo y que finalmente no ha tenido la resolución deseada.

También aseveró que es preocupante que dicha percepción sea compartida por algunos diputados del grupo popular, como es el caso de Jesús García (Alcalde de Cuellar y miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación) el cual en el pleno de su Ayuntamiento del pasado mes de septiembre reconoció que utilizan los servicios jurídicos gratuitos de la Diputación en temas menores, pero en los que haya que dedicar una atención más intensiva, han preferido, por los resultados obtenidos hasta ahora, contratar a un abogado de forma particular, ya que era una cantidad importante la que estaba en juego, lo cual evidencia que ni los propios diputados del Partido Popular se fían de los servicios de abogacía de la Diputación Provincial para tramitar asuntos de importancia y urge por lo tanto medidas para paliar esta situación.

Desconfianza en la futura gestión en el Consorcio Provincial de Medio Ambiente:

Por su parte Jesús Bravo, viceportavoz segundo del Grupo Socialista, agradeció que por la Presidencia se le haya hecho llegar la información que se demandó relativa a los municipios y mancomunidades que adeudan cantidades al Consorcio Provincial de Medio Ambiente, pero ante el elevado importe de dichas deudas, Bravo dejó constancia de la incongruencia que supone que el Grupo Popular haya colocado al frente del Consorcio Provincial de Medio Ambiente como personal eventual de confianza al que fue diputado delegado y Presidente del Consorcio en la pasada legislatura y, por tanto, máximo responsable de la situación en que se encuentra el mismo con       una acumulación de impagos que asciende a 400.000 euros más intereses de demora. En palabras de Bravo: “no parece que la persona responsable de la situación en que se encuentra el Consorcio sea la más adecuada para buscar una solución a la misma”