UCCL protesta 'por una sanidad animal que piense en los ganaderos'

Los ganaderos de vacuno de carne de la provincia de Segovia, fundamentalmente de la zona de la sierra, se sienten en una situación de indefensión absoluta en todo lo que se refiere a las campañas de saneamiento ganadero, debido principalmente “a la actuación arbitraria y dictatorial de la Consejería, que lejos de mantener cierta flexibilidad y lógica en la aplicación de la legislación comunitaria, la lleva a los máximos extremos, poniendo contra las cuerdas a los ganaderos”.

Desde UCCL apuntan como máxima responsable de esta situación a la Viceconsejera Mª Jesús Pascual, que “asumió” en su día las competencias del dimitido Director General Baudilio Fenández, y sin embargo, “se encuentra desaparecida en todo lo que tiene que ver con este asunto”. De hecho, UCCL solicitó una reunión a la Viceconsejera, una vez “asumió” las competencias. De ello hace ya nueve meses, y no sólo no se ha  reunido, sino que ni tan siquiera dado respuesta a la petición.

Dejación de funciones de la viceconsejera María Jesús Pascual

Para los ganaderos, esta situación de dejación de funciones por parte de la Viceconsejera está provocando que no exista en estos momentos una política clara de la Consejería en materia de sanidad animal, siendo los funcionarios de la sección en Valladolid, así como de los distintos servicios territoriales, los que actúan sin coordinación alguna, a salto de mata, y  sin criterios definidos que marquen una lógica en sus actuaciones.

Las consecuencias de esta situación las están pagando muy caras los ganaderos, que ven cómo ante cualquier situación, la única política que se sigue desde la consejería es la de matar vacas indiscriminadamente, siendo el máximo exponente de esta forma de actuar la aplicación de la prueba para tuberculosis conocida como Gamma Interferón, en la que esta demostrado que más del 75% de los positivos que registra son falsos, ya que dan negativo en el cultivo post-mortem. Esta es una prueba complementaria, es decir, no obligatoria en los programas comunitarios, y sin embargo, por decisión de la propia consejería, se está aplicando de forma obligatoria para los casos de tuberculina.