La Diputación aprueba en Pleno declarar Manifestación Tradicional de Interés Cultural Provincial la Subida de la Virgen del Castillo de Bernardos

No en vano, el Pleno comenzaba con la celebración por parte de los presentes de la aprobación de la declaración como Manifestación Tradicional de Interés Cultural Provincial de la Subida de la Virgen del Castillo de Bernardos; una fiesta que, como indicaba el portavoz del Grupo popular y vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, instantes antes de que diese comienzo el Pleno, “tiene lugar cada diez años, cuando éstos terminan en cero, y hace que los hijos y los nietos de los residentes vuelvan al pueblo para llenarlo y participar en una procesión que la última vez se prolongó durante veinte horas”. Así, esta tradición se sumará a la Ofrenda de los Cirios de Santa María la Real de Nieva, La Octava de Fuentepelayo y El Diablillo de Sepúlveda, anteriormente declaradas con el mismo título.

Llegado el turno de las mociones, los grupos también manifestaban su total unanimidad, en primer lugar, para aprobar el contenido de la declaración institucional que liderará las actividades para conmemorar el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, y después para promover ante la Junta de Castilla y León la declaración como Bien de Interés Cultural del conjunto de grabados del Paleolítico Superior en el macizo de Santa María la Real de Nieva. Además, y como tercer punto del Orden del Día Adicional de Urgencia, todos los miembros de la corporación provincial alzaban su mano a favor de trabajar para una mejora integral en la conexión, accesibilidad, aparcamiento y funcionalidad de los servicios ferroviarios e instar a los grupos parlamentarios de las diferentes Administraciones a promover acciones en este sentido.

Por último, y a pesar de una ligera discrepancia en los términos en que había sido formulada la propuesta, el grupo Popular, el Socialista y el Mixto también se ponían de acuerdo para instar al Gobierno de España a cumplir la ley y hacer efectivo el pago a las Entidades Locales de los 753,3 millones de euros correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017. En este sentido y con la propuesta de enmienda a la moción ya manifestada por el grupo Socialista, después de un debate en torno al origen del asunto, el portavoz popular señalaba que “a la Diputación de Segovia se le deben casi 150.000 euros de ese IVA y queremos que se nos dé ese dinero que pertenece a los pueblos segovianos”.

A favor y en contra de las mociones vinculadas a la agricultura

Era en las dos últimas mociones, presentadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Socialista y referentes a distintas cuestiones vinculadas a la agricultura, donde el debate iba a apoderarse de la sesión.

Así, en la primera propuesta, defendida por el portavoz del Grupo Mixto, Ángel Jiménez, los diputados de Ciudadanos pedían instar al Gobierno a subsanar ciertas limitaciones de contratación vinculadas al Régimen Especial Agrario, algo que a juicio del socialista Carlos Fraile parecía un “asunto más de carácter personal” y “una moción muy concreta y muy técnica que tendría más recorrido en el ámbito legislativo”. Por ello, los socialistas anunciaban su voto en contra e instaban a Jiménez a trasladar su propuesta a sus parlamentarios nacionales. El grupo Popular, por su parte, animaba también a Jiménez a trasladar la propuesta al ámbito nacional, pero, no obstante, sí votaba a favor considerándolo “un tema que intenta defender los derechos del medio rural”.

En la siguiente moción, con la que iba a finalizar el Pleno dos horas y media después, eran los socialistas quienes se encontraban el voto en contra del grupo Popular y del grupo Mixto a su iniciativa para incluir a las OPAs en el Consejo Provincial del Diálogo Social y de dotar a la Diputación de una línea de ayudas dirigida a estas OPAs. Noemí Otero primero y José María Bravo después, respondían al grupo Socialista haciendo referencia a la actualidad nacional que rodea al Ministerio de Agricultura y recordando, además, que “el Consejo Provincial del Diálogo Social es intersectorial y su estructura está regulada por la Junta de Castilla y León”.