IU San Ildefonso, sobre el desmantelamiento de la electrolinera

Cuando se instaló la electrolinera teníamos sensaciones encontradas. Por un lado nos parecía muy oportuna la apuesta por instalar una electrolinera en nuestro municipio, pues aunque la venta de vehículos eléctricos es discreta, entendíamos positivo que un municipio como el nuestro, con una parte socioeconómica importante derivada del turismo, dispusiera de este elemento para fomentar el uso de vehículos con energías limpias y que sus propietarios pudiesen visitar nuestro municipio y poder recargar los vehículos, que cuentan con una autonomía muy limitada. Y hasta ahí, porque el resto de actuaciones nos parecían equivocadas.

Por un lado criticamos la ubicación y la estructura, nos parecía poco oportuno habilitar un aparcamiento público con una estructura que suponía un evidente impacto visual junto a un edificio BIC (Casa Infantes-Parador Nacional).

Por otro lado era una apuesta de tipo personalista del anterior alcalde, J.L. Vázquez, lo que significaba poca, o nula, transparencia. Eso nos llevaba a dudar de la viabilidad y bondades del proyecto, a la inversión municipal requerida, adquisición de vehículos eléctricos municipales pese al estado de la economía local, a la duración de la ubicación de la electrolinera, etc. En definitiva, varias dudas que al final no se han resuelto y que, entre otros motivos, han llevado al fracaso de la electrolinera en nuestro municipio. Lo que mal empieza, suele acabar peor.
Incluso realizamos una encuesta preguntando por cuál consideraban los/as vecinos/as que era su mejor emplazamiento.

Respecto a esta legislatura, desde el comienzo nuestra concejala África Martín, ha demandado al gobierno municipal información del estado de la electrolinera, pues descubrimos que no estaba en funcionamiento desde hace mucho tiempo y era frecuente ver vehículos eléctricos que abandonaban el municipio en grúa. En el enlace se puede observar.

Finalmente, el Ayuntamiento nos informó que habían requerido al propietario el desmantelamiento y la liquidación de la tasa de ocupación, pero que no había respondido. Al ponernos a investigar, encontramos que tanto este propietario como sus empresas bajo administrador único (él mismo), aparecían en distintos boletines oficiales por no haber podido contactar con él para otros requerimientos desde otras administraciones, como suspensión de pagos o liquidación de dichas empresas.

Por tanto, hemos seguido insistiendo, tanto en Juntas de Gobierno, como en plenos, como a nivel personal, con el equipo de gobierno que publicitase que no funcionaba la instalación (en redes sociales, medios de comunicación, in situ) y que se tomase una decisión al respecto; si no podíamos usar la instalación como ayuntamiento (municipalizar), que se desmantelase. Finalmente esa parece ser la solución, con lo cual reclamaremos todas las costas que suponga este trabajo, así como posibles reclamaciones por daños y perjuicios, sin olvidarnos de gastos publicitarios o de licencias de usos.