Grande-Marlaska fía a “un Gobierno estable y socialista” las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones

En una reunión anual donde se ha analizado la situación actual y los retos de futuro de la Administración Penitenciaria, Grande-Marlaska ha sacado pecho sobre la actuación de su Gobierno. Según ha afirmado, cuando tomó posesión en junio de 2018 se encontró a los sindicatos que "estaban encerrados" en la sede de la Secretaría General porque "nadie les escuchaba ni les oía". Sin embargo, en este año y tres meses, el ministro en funciones ha asegurado que “se han desarrollado distintos programas en formación y en prevención de agresiones, también ofertas de empleo público importantes, con la salida de 2,000 plazas de funcionarios en dos años, de los cuales 1.000 ya han tomado posesión".

Asimismo, ha señalado que también se ha modificado el protocolo para garantizar la seguridad física de los funcionarios y las funcionarias de prisiones, y ha destacado que el número de agresiones en los centros penitenciarios "se ha reducido ostensiblemente".

Sobre las pretensiones retributivas, que ha calificado de "absolutamente lícitas", ha afirmado que el Gobierno está "dispuesto a hablar" desde el primer momento y que sabe de su "necesidad", pero ha puntualizado que está limitado por los presupuestos y el "bloqueo" a los mismos, de lo que ha culpado a todos los demás salvo su partido.

En relación al dispositivo que se va a desplazar a Cataluña, Grande-Marlaska ha pedido no llamar “a la alarma, ni al riesgo, ni al peligro”, máxime cuando existe, desde hace un año, una coordinación y cooperación “importante, seria y firme” con los Mossos d’Esquadra.