IU pide medidas para garantizar un retorno digno de los segovianos en el extranjero

Izquierda Unida defenderá en el Pleno de este viernes una moción con varios acuerdos para que el Ayuntamiento solicite y ejecute medidas que favorezcan un retorno digno de la población segoviana que actualmente reside en el extranjero. Entre las iniciativas reclamadas, el grupo municipal pedirá que se cree una oficina local (u otro instrumento similar) que atienda y garantice derechos básicos a las personas emigradas y retornadas.

Esta oficina deberá facilitar el acceso a la información sobre las condiciones y requisitos de retorno, así como habilitar un canal de comunicación entre las personas emigradas y retornadas, y elaborar campañas para difundir aspectos como el calendario del voto rogado. IU pide además que a través de esta oficina se faciliten los trámites de inscripción en el padrón municipal para las personas segovianas residentes en el extranjero, con el fin de que puedan acceder a servicios básicos como sanidad, educación, etc. (que es el principal escollo al que se enfrenta la población emigrada).

Según el último dato de la estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), elaborado por el INE, hay un total de 3905 segovianos viviendo en países extranjeros, si bien es cierto que no todos los que residen fuera de España están registrados en este padrón. La moción incluye un acuerdo para que el Ayto inste a la Junta de Castilla y León a que cuantifique la cifra real de personas emigradas y se tenga en cuenta en la elaboración de los presupuestos autonómicos, con el fin de que los servicios públicos puedan absorber la demanda y necesidades de toda población.

El texto incluye otra petición al Gobierno Autonómico para que dote y ejecute un presupuesto para los castellanos y leoneses en el mundo.

Desde hace un tiempo, al discurso de la recuperación económica de España se ha ido asociando peligrosamente la idea del retorno, fomentada sobre todo por algunas iniciativas empresariales y planes de retorno. Desde diferentes colectivos representantes de la emigración, se ha mostrado una oposición firme a este discurso, ya que ni las estadísticas indican que se esté produciendo un proceso de retorno generalizado, ni las condiciones socioeconómicas que propiciaron la emigración española han cambiado.

Los planes de retorno elaborados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos han tenido un alcance muy limitado, como demuestran diversas experiencias. Han estado basados en ayudas económicas directas o en ayudas a la contratación de los emigrantes en empresas.

Aunque el artículo 42 de la Constitución española establece que “el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno, durante los años en los que el flujo migratorio hacia el exterior era más elevado (2011-2015) las administraciones públicas apenas propusieron planes de retorno. De hecho, la mayor parte de estos se han desarrollado en el periodo 2015-2018, es decir, 8-10 años después del inicio de la última oleada migratoria, que comenzó en 2010.