“Este juicio me parece interesante porque pone al descubierto el enfrentamiento entre dos realidades, que serían la moralidad y la legalidad”, ha argumentado la fiscal Pilar Orleta para volver a pedir el sobreseimiento del caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia en la sesión de este martes, la primera de conclusiones del juicio oral.
En la misma línea se ha pronunciado Joaquín Rodríguez, abogado del expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto: “El pescado está vendido. No cabe en vía de informe traer a colación cosas extrañas. Se trata simplemente de valorar jurídicamente la prueba que se ha practicado en los días de vista. Habréis visto el contenido y veréis lo que han dado de sí. La acusación, si ya de por sí era débil desde un principio, creo que la poca fuerza que tenía, por no decir ninguna, la ha perdido totalmente”, ha dicho.
Por su parte, el abogado de la acusación popular, IU, Alberto López Villa, ha asegurado que “vamos a concluir pidiendo la condena por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, que han quedado probados en las sesiones anteriores. Tanto en la prueba testifical como en la documental ha quedado claro que las cuentas de Caja Segovia en el momento previo al pago de las prejubilaciones no eran ni mucho menos solventes ni boyantes y no justificaban el pago de las indemnizaciones millonarias. Y en ese sentido, entendemos que es indubitado que concurren los delitos que se piden en esta causa”.
Preguntado sobre las dotaciones post-empleo que ascienden a otros cerca de 17 millones de euros, que no se juzgan en este caso, López Villa ha respondido que “dentro de una reclamación civil sí que estaríamos dentro de plazo para pedir las responsabilidades que en este momento no han aparecido ni a lo largo de la instrucción, ni en las sesiones del juicio”.
En cuanto a las conclusiones de la acusación particular, la Fundación Caja Segovia, su abogado, Rafael Yturriaga, ha insistido en la ocultación de información a los consejeros y ha hablado de “actos expropiatorios” de fondos de la entidad, modificando los planes de prejubilación para garantizarse, a través de dos pólizas de seguros, cantidades millonarias. En consecuencia, ha solicitado una sentencia condenatoria, porque, a su juicio, “todos los hechos han quedado acreditados”.
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