Ya en su momento, tras conocerse la sentencia por la que el Ayuntamiento estaba obligado a iniciar el proceso de expropiación de una de las 11 parcelas sobre las que se ubica el CAT, el PP en el Ayuntamiento pidió al gobierno municipal socialista que hiciera una valoración del posible escenario al que se podría enfrentar el consistorio no sólo si la sentencia llegaba a ser firme sino también si el resto de los propietarios de los terrenos decidían recurrir a esta vía.
El gobierno de Clara Luquero no ha hecho esa valoración, según la portavoz popular Raquel Fernández, y puesto que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya sí que es firme y da la razón a los propietarios, condenando además en costas al Ayuntamiento, los populares vuelven a insistir en que se haga esa valoración y en esta ocasión, esperan tener respuesta. “Lo primero que tenía que haber hecho el gobierno socialista cuando se conoció la primera sentencia era haber evaluado y previsto el posible escenario al que se podían enfrentar y eso es lo que estamos volviendo a pedir que, por una vez, el gobierno se anticipe a lo que está por venir y prevea el escenario de incertidumbre que se puede crear”, señala Fernández.
Un escenario que les preocupa mucho a los populares quienes han hecho una valoración interna y estiman que las expropiaciones de los terrenos del CAT le podrían costar al Ayuntamiento entre 4 y 8 millones de euros. Insisten en que es una valoración propia y con una horquilla muy amplia pero lo suficientemente importante como para condicionar, nuevamente, las inversiones en los barrios y en la ciudad durante los próximos años.
En cuanto a la diferencia que existe entre la cantidad que reclaman los propietarios de la parcela objeto de la sentencia, 875.000€ y los 3000€ que estima el Ayuntamiento, la portavoz popular ha indicado que el Ayuntamiento valora los terrenos como si fueran rústicos, mientras que cobra el IBI como si fueran urbanos.
Para los populares el CAT ya no es sólo un ejemplo de despilfarro de dinero público sino también de incapacidad a la hora de gestionar a nivel urbanístico.
Queda claro, según Raquel Fernández, que no se ha cerrado ningún ciclo, como dijo la alcaldesa el pasado año durante el debate de los presupuestos y que no están resueltos ni todas las sentencias ni todos los problemas urbanísticos y no sólo por la incertidumbre generada alrededor de los terrenos del CAT sino porque este año todavía quedan por pagar 800.000 euros de pleitos pendientes y continúa abierto el proceso con la anterior adjudicataria del parking de José Zorrilla, que reclama hasta 15 millones de euros.
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