Los exdirectivos niegan las acusaciones y sostienen que la Fundación Caja Segovia no fue perjudicada por sus prejubilaciones millonarias

El juicio, que tiene lugar siete años después de que UPyD presentara denuncia, ha provocado una gran expectación mediática y ciudadana. Prueba de ello es la presencia de numerosos medios y vecinos de Segovia que han querido estar presentes en la sala desde antes de las 9:30 de la mañana, hora del señalamiento. “Qué daño han hecho a Segovia”, mascullaban algunos de ellos.

Algo que no comparten los exdirectivos sentados en el banquillo, uno de cuyos letrados ha defendido que “la Fundación Caja Segovia no fue perjudicada”. Esa es la principal tesis de la defensa para negar a lo que quedó de Caja Segovia la condición de acusación particular y poder acogerse así a la Doctrina Botín para archivar el caso, tal y como plantea el Ministerio Fiscal, que con su fiscal jefe, Antonio Silva, presente en la sala, no ha planteado ninguna acusación.

En los primeros minutos del juicio oral, el juez ha preguntado a los acusados si conocían los hechos y si estaban de acuerdo con las acusaciones, extremo que todos ellos han negado, algunos de ellos rotundamente, como el exdirector general de la entidad, Manuel Escribano.

En las cuestiones previas, el letrado de IU ha presentado como prueba documental por escrito por vía telemática las conclusiones de Ciudadanos y Grupo Mixto en la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorros que ha tenido lugar en las Cortes de Castilla y León. Por su parte, el abogado de la Fundación Caja Segovia ha pedido a la aseguradora CASER, responsable civil directo, la copia íntegra de cinco pólizas.

Los acusados son Atilano Soto, Elena García, Manuel Agudíez, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla. Los responsables civiles a título lucrativo han sido designados Miguel Ángel Sánchez, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado. El responsable civil directo es la aseguradora CASER.

"El montante de los derechos consolidados a favor de los miembros del Comité de Dirección asciende a un total de 33,7 millones de euros, de los que 17,2 corresponden a prejubilaciones y los restantes 16,5 a compromisos postempleo instrumentados en tres pólizas distintas", según un informe pericial que Centrados en Segovia (exUPyD) solicitó en 2016, sufragado por una colecta pública entre los segovianos, que obra en poder del juzgado y la formación política espera "sea uno de los documentos clave para analizar y juzgar los hechos".

Los magistrados de la Audiencia de Segovia decidirán en un auto, en el plazo de una semana, si continúa adelante el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia en febrero, al tener que resolver las múltiples cuestiones previas planteadas.