Stop 5G denuncia que el equipo de gobierno ha rechazado una pregunta al Pleno sobre el control del despliegue experimental del 5G en Segovia

"Recientemente hemos tenido noticias de la instalación en Segovia de la primera antena 5G de España y de una prueba en el campus de la UVA de un nuevo caso de uso dentro del Proyecto Piloto Ciudades Tecnológicas 5G fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Segovia con Telefónica.

Ana Marcello, diputada en el Congreso del Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes, ha presentado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno. En ellas se interesa por el proyecto Piloto Ciudades tecnológicas 5G que se está desarrollando en Segovia: ¿Por qué han sido elegidas Segovia y Talavera para probar esta tecnología durante dos años? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Ha sido valorado por algún comité asesor? ¿Por qué no se ha creado el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud que la Ley de Telecomunicaciones de 2014 preveía para velar por temas relacionados con la salud relativas a telecomunicaciones y en el que debían estar representados Ayuntamientos y Comunidades Autónomas? ¿Cuáles han sido las vías utilizadas para informar a la ciudadanía sobre el proyecto 5G tal y como supuestamente tiene que hacer el Comité Interministerial?

En su respuesta por escrito el Gobierno contesta: “Finalmente, se informa que el piloto de tecnología 5G que se está desarrollando en Segovia no emana de ninguna medida desarrollada o impulsada por la Administración General del Estado dentro del Plan Nacional 5G. 

Por otro lado, el Defensor del Pueblo también requirió al gobierno anterior y en concreto al Ministerio de Sanidad, hasta en tres ocasiones, para que se constituyera dicho “Comité Interministerial sobre radiofrecuencias y Salud”, y ante la no aceptación de su propuesta, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Ministerio de Economía y Empresa) relativa a la evaluación de los efectos ambientales y sobre la salud del despliegue de la tecnología 5G, sobre diferentes aspectos del Plan Nacional 5G y sobre la constitución de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud que no ha llegado a constituirse tras cuatro años y medio desde que la ley así lo determinara.

Cabe señalar en este sentido que la semana pasada la Plataforma STOP 5G Segovia realizó una pregunta al Pleno Municipal que se celebra el 30 de noviembre que no ha sido admitida a trámite. El Reglamento de Participación Ciudadana de nuestro Ayuntamiento contempla que cualquier ciudadano o asociación puede realizar una pregunta al Pleno que ha de ser leída y contestada al final de sesión una vez admitida. En el texto de la pregunta formulada y rechazada por el Ayuntamiento, tras recoger la respuesta que el gobierno ha dado a Ana Marcello y las gestiones realizadas por el Defensor del Pueblo, se señala:

“Entendemos que eso comporta que no existe un control sobre el despliegue experimental y sobre sus consecuencias para la salud ni desde el Ayuntamiento (que alega no tener competencias para ello) ni desde el Gobierno.

Dos llamamientos científicos, uno de septiembre 2017, firmado por más de 200 científicos de 34 países y dirigido a la UE y otro de noviembre de 2018, firmado por más de 10.000 científicos, médicos, asociaciones y ciudadanos y dirigido a la OMS y a la ONU, han pedido una moratoria del 5G, pues numerosas evidencias científicas ya han demostrado que las actuales tecnologías, 2G, 3G, 4G y wifi, aun antes de introducir el 5G -que se añadiría, no sustituiría a las anteriores- , ya han causado serios daños a las personas y al medio ambiente y se prevé que estos sean mucho mayores si se implementa el 5G por la introducción de nuevas frecuencias, de mayores potencias y el despliegue de numerosas nuevas antenas. Algunos ayuntamientos de California, en EEUU, ya han promulgado ordenanzas municipales que prohíben el 5G en zonas residenciales.

Se acaban de publicar los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de EEUU sobre los efectos de las tecnologías 2G y 3G en ratas, unos 30 y 15 años después de su introducción, confirmados por otro estudio del Instituto Ramazzini. Se ha visto que provocan tumores de corazón y de cerebro, lo que viene a confirmar los estudios epidemiológicos realizados por Hardell en humanos. Entendemos que esos estudios deberían hacerse antes de la introducción del 5G, no 30 años después. Cuando en 2011 la OMS declaró las ondas electromagnéticas como posible cancerígeno 2B aún no existían estudios con animales y es muy posible que ahora se revise al alza esa clasificación. El mismo Hardell ha promovido un nuevo llamamiento científico, que está en proceso de recogida de firmas, denunciando la falta de independencia del ICNIRP, el comité en el que se apoya la OMS, por sus vínculos con la industria. Denuncia que los límites de exposición que marca están obsoletos, ignoran la evidencia de miles de estudios revisados por pares y sólo protegen frente a los efectos térmicos agudos de las exposiciones cortas e intensas, no respecto a los efectos biológicos que se producen a largo plazo. La misma denuncia la han formulado otros científicos como Martin Pall contra el ICNIRP (comité europeo) o Sarah Starkey contra el AGNIR (comité de Gran Bretaña).

En España, la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que eliminó las licencias medioambientales para las antenas de telefonía móvil, única vía de control democrático que existía, y las sustituyó por una "declaración responsable de las operadoras", determinaba la creación de un Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud integrado por el Ministerio de Industria, el de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III, expertos científicos, Comunidades Autónomas y representantes de los Ayuntamientos y de los ciudadanos. Han pasado más de cuatro años y ese comité no se ha creado, a pesar de tres requerimientos del Defensor del Pueblo al Ministerio de Sanidad. No existe pues un órgano legal que esté haciendo un seguimiento sobre las repercusiones de estas tecnologías sobre la salud.”

El texto concluía con las siguientes preguntas dirigidas al Pleno:

Telefónica sólo está haciendo un seguimiento técnico del despliegue experimental del 5G ¿Va a implementar nuestro Ayuntamiento, o va a exigir a Telefónica, dada la gravedad de todo lo expuesto, alguna medida de seguimiento sobre sus consecuencias para la salud y el medio ambiente?

 - ¿Va a realizar un mapa radioeléctrico con seguimiento de contaminación electromagnética, censo de antenas, zonas sensibles afectadas, etc., antes y después del despliegue?

- ¿Va a exigir a Telefónica y a hacer público el Plan de Despliegue y las pólizas de responsabilidad civil contratadas?

- ¿Ha contemplado, tal y como recomienda la Resolución 1815 del Consejo de Europa, la reserva de zonas blancas donde puedan vivir las personas ya diagnosticadas de sensibilidad electromagnética y aquellas que puedan enfermar en un futuro?

Por desgracias nuestro Ayuntamiento ha rechazado la pregunta y los ciudadanos no podremos escuchar cuál es la respuesta de nuestros ediles a todos estos interrogantes. Se ha iniciado así el despliegue de la primera antena 5G de España en Segovia con una grave falta de transparencia democrática y con numerosas incertidumbres sobre sus efectos para la salud y el medio ambiente".