Dos ilustres abulenses en el banquillo de Bankia

Dos ilustres abulenses, el ex ministro Ángel Acebes y el ex presidente de la Diputación provincial y de Caja Ávila, Agustín González, se sientan desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional como presuntos coautores del delito de estafa imputado a los responsables de la salida a Bolsa de Bankia. Ambos formaron parte en su momento del Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz que fue de la entidad presidida por Rodrigo Rato.

En un principio también estuvo encausado el ex presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, posteriormente desimputado por el juez instructor, Fernando Andreu. La diferencia con su gemelo político González -al igual que él, compatibilizó la presidencia de la Caja segoviana con la de la Diputación- es que Soto no fue consejero del BFA, banco en el que el juez situó la presunta estafa, sino consejero de la propia Bankia. (Eso sí, para compensar Soto se sentará a partir del 22 de enero en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia junto a los otros cinco encausados en el caso de las millonarias indemnizaciones de las que se beneficiaron los principales ex directivos de la entidad).

Durante la instrucción, Acebes alegó que se incorporó al Consejo del BFA con posterioridad a que se decidiera la salida a Bolsa, pero dicho argumento no prosperó. El ex ministro presidió además del Comité de Auditoria del banco matriz, órgano que, según los peritos del Banco de España, tuvo pleno conocimiento del agujero financiero de Bankia. Su vinculación a la entidad viene de mucho antes, ya que durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad madrileña fue consejero de Cibeles, la corporación financiera de Caja Madrid.

Estando ya imputado por el juez Andreu, Acebes decidió en abril de 2012 abandonar su puesto en el BFA para aceptar la oferta del presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, de incorporarse al Consejo de Administración de Iberdrola, en el que sigue embolsándose una morterada anual superior a los 300.000 euros.

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