Muere uno de los caballos desnutridos de Fuentepelayo

La Plataforma Ciudadana No Más Mierda lo ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno de España en la Provincia de Segovia, responsable política del Seprona de la Guardia Civil, y a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, responsable administrativa de la ganadería en la Provincia.

La muerte de este caballo estaba anunciada desde hace cuatro meses, justamente el pasado 4 de mayo la plataforma efectuó denuncia pública de la falta de cuidado de varios grupos de caballos instalados en cinco parcelas del entorno de Fuentepelayo, adjuntando fotografías. "Ni las parcelas reúnen las condiciones básicas para la estancia de caballos ni el alimento proporcionado ha sido de calidad ni ha tenido la cantidad suficiente. Los equinos se han visto obligados a comerse sus propias heces", informa.

Aquella vez se efectuó denuncia ante el Seprona. Ahora no. Ahora se ha dirigido a su superioridad en la Provincia, a la Subdelegación del Gobierno de España, "ya que como señalamos el pasado 19 de agosto el responsable provincial del Seprona de la Guardia Civil, en el lugar de los tristes hechos acaecidos en Fuentepelayo aquel día, consideramos que efectuó unas inadecuadas manifestaciones ante un familiar de los hermanos involucrados en el incidente del vuelco de un todoterreno, cuando trató de señalar que la Plataforma Ciudadana 'No Más Mierda' pasó de defender la salud pública ante los efectos dañinos de la mal llamada ‘planta de compostaje’, a ser una asociación 'anti-Cárdaba'", añaden desde la plataforma.

'No más Mierda' recuerda que España, como estado miembro de la Unión Europea, estableció en la Ley 32/2007, relativa al cuidado de los animales en su explotación, la obligación de cumplir la normativa de bienestar animal, pudiéndose citar a estos efectos el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre piensos, alimentos, salud y bienestar animal. Las obligaciones que son exigibles para los responsables de los animales se prevén en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo Europeo y se concretan en las normas básicas españolas del Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.