El próximo pleno de la Diputación Provincial de Segovia abordará cuestiones de relevancia, tanto para los ayuntamientos y entidades locales de la provincia, como para los propios funcionarios y trabajadores de la Institución. En este sentido, el Portavoz del Grupo Popular y Diputado de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, ha indicado que este jueves en el pleno se debatirán una serie de medidas en materia de personal que han sido posibles gracias al esfuerzo de diálogo y compromiso que el Partido Popular ha realizado para presentar unos Presupuestos Generales del Estado, que ya han sido aprobados bajo las siglas del PSOE.
Sanz Merino ha recordado que después de la crisis económica y gracias a las medidas del Partido Popular al frente del Gobierno, éste pudo llegar a una serie de acuerdos con los sindicatos encaminados a realizar mejoras laborales y salariales a los funcionarios y empleados públicos y que el marco legal para poner en marcha dichas mejoras serían los PGE. A pesar del cambio de Gobierno, se han aprobado las Cuentas presentadas por el PP y por ello ahora desde la Diputación se están adoptando las medidas comprometidas con la Junta de Personal y el Comité de Empresa. Es más, el Diputado de Administración y Personal ha anunciado que las medidas adoptadas por el Equipo de Gobierno en la Diputación van más allá de lo acordado por el entonces Ministro de Hacienda y los sindicatos, puesto que a pleno se llevará mañana un paquete de acciones que mejoran el acuerdo anterior, en concreto en un 0,2%.
Las retribuciones del personal funcionario de carrera e interino, laboral fijo y contratado temporal y eventual de confianza, experimentarán, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, un incremento global del 1,5%, más un 0,2% adicional destinado al complemento específico (condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad), añadiéndose además otro 0,25% de incremento salarial con efectos de 1 de julio de 2018. Es decir, que el aumento queda fijado para el primer semestre en un 1,7% y para el segundo, en un 1,95%.
Sanz Merino ha asegurado que dentro de las medidas en materia de personal se incluye la instauración de la jornada de 35 horas semanales a partir del 1 de agosto. “Como ya comenté en su día, esta medida se adopta cuando el marco legislativo, con la aprobación de los PGE, permite hacerlo, pues de otra forma y como ya pasó en comunidades como Andalucía o Extremadura, podría ser declarado anticonstitucional”, ha subrayado. Además, ha explicado que ambas medidas supondrán un desembolso por parte la Institución de unos 200.000 euros.
Otra de las medidas que se propondrán para su aprobación en el pleno de mañana establece que al personal que cause baja por incapacidad temporal se le reconocerá a partir del primer día de baja, un complemento que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, sea equivalente al 100% de sus retribuciones. Se trata de una medida incluida en el convenio colectivo y en el pacto sindical de la Diputación Provincial que se suspendió en plena crisis económica en 2012, y que ahora se ha vuelto a recuperar.
Asesoramiento a Municipios
Es competencia de las Diputaciones Provinciales, entre otras, en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, “la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión…”. Además, según ha explicado Sanz Merino, uno de los ejes esenciales de actuación la Institución Provincial es el apoyo decidido y permanente a los ayuntamientos de la provincia y a otras entidades locales, que también prestan servicios a los vecinos, como son las mancomunidades de municipios, las comunidades históricas, entre ellas las de Villa y Tierra, y las entidades locales menores que se ha definido en el Plan de Modernización aprobado por el Pleno Provincial al inicio de la Legislatura y que han marcado las directrices y programa de actuación y de gestión provinciales.
Dentro de las diferentes posibilidades que la legislación ofrece para ejercer esta competencia de asistencia, la Diputación de Segovia ha optado por no sustituir ni ocupar el lugar de las entidades locales mediante el apoyo a su gestión municipal al entender que con ello se afianza el papel del municipio en la administración de sus propios intereses vecinales.
En este sentido, ha subrayado que “localizando las decisiones en el ayuntamiento, manteniendo la fuerza del municipio, se vertebra el territorio y por ello es importante mantener la autonomía municipal donde se prestan servicios en la cercanía, en la propia localidad, con instituciones fuertes aunque sean pequeñas, pero bien respaldadas por la Diputación”.
“Por ello, la proximidad, la supletoriedad o complementariedad de las actuaciones municipales y la atención a las peticiones de las entidades locales, son las premisas en las que se asienta el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, como función es fundamental para los ayuntamientos por lo que hemos visto la necesidad de confeccionar un Reglamento que regule, garantice y mejore su actividad”, ha indicado José Luis Sanz Merino.
El documento, que también será llevado al pleno de mañana para su aprobación, establece que las funciones que comprende el Servicio de Asesoramiento son la asistencia:
- Jurídica y defensa en juicio
- Económico-financiera
- Técnica
- Informática y servicios de administración electrónica
- Garantía de la prestación de las funciones públicas necesarias en municipios de menos de 1.000 habitantes
- Mediación
- Cualquier otro tipo de asistencia y/o asesoramiento que sea acordada por el órgano provincial competente.
Cabe destacar que en los últimos años, además de su trabajo ordinario, dentro de dicho Servicio, la Oficina Técnica, ha redactado la revisión Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Segovia, para municipios que no cuenten con normativa propia. Asimismo, en los últimos años se ha incorporado un técnico medioambiental que asesora y emite informes respecto a esta materia en cualquier entidad que solicita su servicio. Desde que se comenzó a ofrecer este servicio, hace un año, a las entidades locales se han emitido 194 informes.
Además, en los últimos años el Servicio de Asesoramiento a Municipios tiene una media anual de unos 12.500 informes, expedientes y consultas con las entidades locales, de los cuales unos 6.000 corresponden a consultas informáticas, casi 4.000 a visitas reuniones, consultas e informes verbales, 500 a expedientes de la oficina técnica, entre otros.
Gracias a la labor desarrollada por este Servicio, se ha extendido a todos los ayuntamientos de la provincia el registro electrónico (ORVE), de modo y manera que cualquier ciudadano puede registra un documento para cualquier administración. Además, también se ha implantado la administración electrónica en todas las entidades locales, facilitando la tramitación a los ayuntamientos y a los ciudadanos.
El Reglamento que ha presentado hoy José Luis Sanz Merino, regula la práctica administrativa que se ha seguido hasta ahora comúnmente aceptada por las entidades locales de la provincia para mejorar la asistencia y asesoramiento en beneficio de éstas.
Por otra parte, este documento ha creado y regulado una nueva función de mediación, aunque ya se venía prestando. Se podrá promover la actuación mediadora a petición de todas las partes afectadas que pueden ser todo tipo de entidades locales –ayuntamientos, mancomunidades…- entre sí y con otras personas jurídicas y particulares, a fin de evitar litigios en el ejercicio de las competencias municipales y la prestación de servicios a los ciudadanos.






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