Consejeros de la Junta empeñados en arruinar el crédito del PP

Por si no tuviera pocos problemas el PP en general, se diría que el “gobierno zombi” de Juan Vicente Herrera se ha propuesto arruinar la imagen del partido en Castilla y León y, por ende, su crédito electoral ante la triple cita con las urnas de junio de 2019. De otra forma no se explica la supina incompetencia/negligencia que caracteriza la gestión (?) de determinados consejeros de la Junta.

Lo del titular de Sanidad, Antonio Sáez, empieza a resultar patético. Horas después de que fuera conocido el enésimo revolcón judicial sufrido por el SACYL -la sentencia del TSJ que anula las 15 unidades de gestión clínica puestas en marcha en los hospitales públicos-, la Diputación de Salamanca aprobaba, a iniciativa del grupo popular, una moción motivada por las “intolerables” listas de espera quirúrgicas en la provincia y la “errónea” gestión de la Gerencia Regional de Salud para reducirlas.

El detonante de dicho acuerdo ha sido la medida adoptada por la Gerencia, al frente de la cual Sáez colocó a Rafael López, de reducir las listas salmantinas trasladando operaciones quirúrgicas a hospitales de otras provincias, para mayor escarnio con menos infraestructura hospitalaria, como es el caso de la Palencia. La actuación del tándem Sáez/López ha agotado definitivamente la paciencia del PP, hasta tal punto que ayer el alcalde de Salamanca y presidente autonómico del partido, Alfonso Fernández Mañueco, además de manifestar su apoyo y respaldo al acuerdo de la Diputación, declaraba “que ahora que hay más recursos sanitarios, da la sensación de que están desordenados”.

Pero lo que es de aurora boreal es la actuación de la consejería de Economía respecto a los “papeles de Bruselas”, las facturas sobre gastos de la antigua oficina de la Junta en la capital belga contenidas dentro de la documentación enviada al Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid. Lo asombroso del caso es que las facturas en cuestión, en relación con las cuales IU, Podemos y Ciudadanos han solicitado la comparecencia parlamentaria de la consejera Pilar del Olmo, fueron remitidas al Juzgado por error. Como lo leen.

El juez, César Gíl Margareto, había requerido únicamente la documentación relativa al polémico contrato de alquiler de dicha sede y, sin embargo, la consejería ha incluido en el envío las facturas e información sobre otros gastos que tanta polvareda han levantado. Un error que además ha dado pie a que el PSOE pida la dimisión de Del Olmo, al haber conocido de forma accidental una información que el grupo socialista había solicitado reglamentariamente hace meses, sin que la consejería haya cumplido su deber de facilitarla.

Ustedes juzgarán si lo del “gobierno zombi” es exagerado, o si la Junta, singularmente determinados consejeros/as, no se está empeñando en corroborar dicha calificación.

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