Izquierda Unida da a conocer el caso de dos edificaciones en la calle José María Heredero y acusa al equipo de Gobierno de permitir que prescriban infracciones urbanísticas graves.
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Ángel Galindo, portavoz de IU en el Ayuntamiento, ha acusado esta mañana al concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, y a la alcaldesa, Clara Luquero, de permitir que determinadas infracciones urbanísticas graves prescriban por no serles aplicado el seguimiento administrativo adecuado. El grupo municipal de izquierdas, después de que hace unos meses se conociese la resolución del caso sobre las irregularidades que el exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses cometió en la ejecución del proyecto de la vivienda que compartía con su pareja -caso que también prescribió-, ha sacado ahora a la luz el caso de dos edificaciones en la calle José María Heredero, en el barrio de San Marcos, sobre las que en 2012 se supo que habían sido construidas en un espacio protegido.
Este caso prescribió en febrero de 2017, pero Ángel Galindo, portavoz de IU en el Ayuntamiento, argumentaba el hecho de darlo a conocer ahora, afirmando que "desde Izquierda Unida llevamos desde entonces -cuando nos lo hemos podido permitir por el tiempo- estudiando este asunto, y no ha sido hasta ahora cuando hemos podido presentárselo a la ciudadanía de una forma clara". "No tiene nada que ver con que se estén negociando los presupuestos", añadía Galindo, para quien "en vez de ser el concejal de Urbanismo, Reguera empieza a serlo de la Indisciplina Urbanística".
Según ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, en 2012 la Inspección corroboró las sospechas de que las viviendas habían sido construidas en un suelo no urbanizable, sin licencia y de carácter especialmente protegido, y se procedió a abrir dos expedientes; uno de restitución de la legalidad y otro sancionador con una multa de 10.000 euros, por lo que en 2013 el propietario habría presentado un proyecto para derribar las dos edificaciones. De este modo, en mayo de ese año desde el Ayuntamiento se le otrogó licencia para empezar las obras, que debían estar acabadas en 6 meses. En cuanto al expediente sancionador, se le habría comunicado seis meses después de que éste fuera abierto, por lo que habría caducado.
"El siguiente informe es de mayo de 2014 y dice que ahí no se ha hecho ninguna obra", ha continuado explicando Galindo, haciendo hincapié en que no se elaboró un nuevo informe hasta un año después de que tuviesen que iniciarse las obras y afirmando que "esa dejadez del concejal de Urbanismo para no ponerse a hacer el informe es bastante sospechosa; ¿dónde estaba el Ayuntamiento? Es un reflejo de la ineficacia del concejal".
Tras el inicio de un nuevo proceso sancionador en julio de 2014, en los diez días de alegaciones el propietario habría alegado algo que le habría dado la razón, ya que según ha revelado Galindo, en septiembre de 2014 son archivados tanto el expediente sancionador como el de restitución de la legalidad. El portavoz de Izquierda Unida dice desconocer qué se argumentaba en estas alegaciones, pero critica al equipo de Gobierno por, una vez archivado el caso, volver a redactar un informe dos años después, en 2016. "No lo entendemos muy bien; creemos que esta redacción de un nuevo informe, de repente, dos años después, tiene que ver con que mientras se hablaban los presupuestos, nosotros preguntamos por el tema, pero no sabemos si tendrá relación con esa petición nuestra o con otra razón", señalaba Galindo.
El portavoz de IU terminaba el relato de este caso añadiendo que tras aquel informe se dio inicio a otro proceso sancionador, esta vez de 70.000 euros, y a otro proceso de restitución de la legalidad, que para sorpresa del grupo municipal de izquierdas concluyó con un recurso del propietario en el juzgado del Contencioso Administrativo, que determinó que las notificaciones de los expedientes se habían comunicado tarde, por lo que el caso había prescrito, teniendo en cuenta que las edificaciones habían sido construidas en diciembre de 2011.
Un Urbanismo a la carta
Para Ángel Galindo, este nuevo caso sólo puede responder "o a una dejadez de funciones o a una posible intencionalidad", y desde Izquierda Unida sospechan "que pudo haber influido el hecho de que en ese momento se estuviesen negociando las parcelas de la Veracruz; podría haber algún vínculo entre las personas afectadas por las edificaciones y esas parcelas".
El concejal criticaba que el propietario haya aumentado el valor de su propiedad "cuando no le correspondía" y de nuevo, como ya ha hecho en otras ocasiones, manifestaba que en Segovia "se está haciendo un urbanismo a la carta, dependiendo de a quién afecte; hay cuatro listos que se van de rositas con las infracciones urbanísticas graves".
Por último, Galindo, quien reconocía desconocer si existen otras situaciones similares, sí recordaba que desde su grupo se ha denunciado que el Hotel Don Felipe o el edificio de la plaza del Corpus, donde se encuentra ubicado Massimo Dutti, hayan ampliado su volumen sin que el Ayuntamiento haya procedido a abrir ningún expediente sancionador. El concejal pide ahora que respondan tanto la alcaldesa, Clara Luquero, como su concejal, Alfonso Reguera, sobre quien no entiende "que no haya dimitido todavía".







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