El presidente de la institución saca pecho ante los datos y estadísticas y afirma que "está demostrado que las que mejor servicios sociales prestan son las administraciones provinciales".
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Francisco Vázquez, presidente de la Diputación de Segovia, ha comparecido esta mañana junto a su vicepresidente y diputado del Área de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, para mostrarse una vez más orgulloso de la gestión de dicho área desde la institución provincial y reiterar su rechazo a que "los servicios sociales pasen a otras administraciones públicas". Para Vázquez, "está demostrado que las que mejores servicios sociales prestan son las administraciones provinciales" y saca pecho a la hora de constatar que si Castilla y León está en los puestos de cabeza en lo que a prestaciones sociales se refiere, es, en gran medida, por el trabajo que se está haciendo desde Segovia. "En la Diputación se ha priorizado las personas y los pueblos; se ha priorizado el mantenimiento de los servicios a las personas", afirmaba Francisco Vázquez, quien añadía no ser "partidario de retraer recursos de Servicios Sociales para otras áreas".
El presidente de la Diputación ha querido resaltar el incremento en cerca de 500.000 euros de las partidas dedicadas a los asuntos sociales, que si el año pasado superaban con creces los 22 millones de euros, este año cuentan con 23.255.000 euros que serán destinados a dar cobertura a cerca de 20.000 usuarios. Precisamente, de esos más de 23 millones, 15.360.000 irán directamente a parar a las cuatro residencias que se gestionan desde la Diputación: la Juan Pablo II, la residencia La Alameda de Nava de la Asunción, el CAMP El Sotillo y la residencia La Fuencisla, en Segovia.
Además, Francisco Vázquez destacaba el hecho de que en estas residencias la ratio de personal no sólo cumpla con la mínima exigida, sino que además la doblegue, alcanzando las 0,8 personas empleadas por cada persona atendida. En total, según datos aportados por el presidente, en el área de Asuntos Sociales trabajan un total de 415 personas de forma directa y alrededor de 542 de manera indirecta, circunstancia que también enorgullecía a Francisco Vázquez, quien no pasaba por alto el hecho de que el 58% del gasto en personal de la institución provincial pertenezca, únicamente, al Área de Asuntos Sociales.
Por otro lado, en su balance sobre lo acontecido durante el año 2017, Francisco Vázquez se detenía de manera especial en las personas dependientes que habitan en la provincia. Según explicaba el presidente de la Diputación, en Segovia, exlcuida la capital, han solicitado algún grado de dependencia 6.086 personas, de las cuales 4.662 tienen derecho a algún tipo de prestación. En este apartado, Vázquez reseñaba el hecho de que cerca del 99% de esas personas ya estén recibiendo algún tipo de prestación, y también el hecho de que el 98,55% de las personas calificadas dentro del grado I -reconocido en 2015- ya estén siendo atendidas, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 53,51%.
Retos para 2018
En cuanto a lo que respecta a los objetivos para 2018, el Área de Asuntos Sociales tiene previsto crear cuatro unidades de convivencia nuevas: dos en el centro Juan Pablo II y una en el CAMP El Sotillo, donde no existe ninguna, y otra más en la residencia La Alameda, que ya cuenta con una de estas unidades.
Además de la puesta en marcha de herramientas informáticas que permitan una mayor gestión de los centros y también de las prestaciones sociales en los CEAS, el Área incorporará un plan de mejora del proceso de atención individualizada y grupal en el centro Juan Pablo II.
También se desarrollará un Comité de Ética Provincial y se pondrán en marcha proyectos para el fomento de la empleabilidad en personas en situación de exclusión social, además de impulsarse una nueva actuación de voluntariado de atención a mujeres víctimas de la violencia de género.
Por último, y según concluía el presidente de la Diputación, ya en el ámbito normativo se creará el reglamento regulador del Servicio de Ayudas a Domilicilio y Teleasistencia, así como los de ayudas de Emergencia Social, Acceso a Centros Residenciales y el reglamento de Régimen Interior de los Centros.








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