Según la organización, aprovechando el desconocimiento del recién aprobado decreto sobre cláusulas suelo, hay despachos de abogados que están ofreciendo consultas gratuitas para después retener la documentación y exigir un pago para recuperarla.
FACUA Castilla y León ha alertado de la existencia de bufetes de abogados en Segovia que, según la organización, “al calor del recién aprobado decreto sobre cláusulas suelo, están dedicándose a engañar a los clientes ofreciendo consultas gratuitas, reteniendo la documentación y exigiendo un pago, para recuperar su documentación”.
El último caso conocido por FACUA Castilla y León, afirman, ha tenido lugar en un céntrico bufet de abogados de la capital segoviana, donde un cliente acudía al despacho por recomendación de un amigo, al informarle que la primera consulta en el citado despacho para reclamar la clausula suelo es gratuita. El consumidor acude entonces con toda la documentación para realizar la consulta y recibe una hoja de encargo donde figuran los honorarios y las condiciones.
El cliente, días después y tras valorar las condiciones que le propone el despacho de abogados, decide, por razones económicas personales, no iniciar la reclamación con ese bufete. Es entonces cuando el despacho de abogados exige el pago de 90 euros más IVA para devolverle su escrituras hipotecarias y otros documentos que entregó al realizar la consulta. Todo esto, sin existencia de un presupuesto previo firmado y asumido por el cliente, y sin que dicho importe figurase en la Hoja de Encargo que el despacho entrega sellada al cliente.
Desde FACUA denuncian que esta cuestión, “además de constituir un grave ilícito, supone un engaño a los consumidores, los cuales pueden llegar a confiar información de vital importancia para ellos a personas con fines empresariales no bien aclarados”. Esto, indican, puede ocasionar a los clientes no pocos problemas en función del tratamiento que pueda darse a estos datos y a las gestiones posteriores que puedan surgir.
FACUA Castilla y León censura la utilización que algunos despachos pretenden hacer de esta problemática con el fin de lucrarse, planteando condiciones poco transparentes para sus clientes y principalmente amparados en el argumento comercial de que el cliente no paga nada en costas, tan solo un importe inicial que ronda los 250 euros.
Comisiones desproporcionadas
Además, desde FACUA Castilla y León advierten que se ha detectado en algunos de estos contratos, la obligación de pagar un tanto por ciento de las cantidades reintegradas por el banco, sin incluir los costes y honorarios de los Procuradores.
En este contexto, la asociación recomienda a los usuarios que extremen las precauciones a la hora de buscar asesoramiento. Un respaldo legal que, por otra parte, ante la situación actual de desconocimiento e inseguridad jurídica que el Real Decreto ha provocado en los afectados, hace que este asesoramiento sea prácticamente imprescindible.
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