La Declaración de Segovia de los presidentes provinciales incide en flexibilizar los parámetros fiscales

Esta mañana finalizaba en la Diputación la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Intermedios, que durante los tres últimos días ha acogido en Segovia a representantes de diferentes Diputaciones y Cabildos y Consejos Insulares de España. Lo hacía con la comparecencia de Ramón Camp, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, organizadora del evento, y de Francisco Vázquez, presidente de la Diputación de Segovia, quienes acompañados de Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, procedían a la lectura de la Declaración de Segovia, en la que quedaban recogidas las conclusiones del encuentro.

Éstas han sido dividas en tres ejes sobre los que los presidentes de los Gobiernos intermedios estiman que podría salir reforzado el papel de las instituciones a las que representan. La flexibilización de los parámetros fiscales, la recuperación de la financiación para los Planes Provinciales de Cooperación y las soluciones a la problemática de la financiación de las competencias eran los tres parámetros establecidos de los que derivaban, a su vez, una serie de demandas dirigidas, en su mayoría, al Gobierno Estatal.

De este modo, los representantes institucionales pedían, en primer lugar, que "considerando que el impacto de gasto público local, en relación con el conjunto del Sector Público, no es muy significativo en términos absolutos", se considere la incorporación del remanente de tesorería positivo sin que esto afecte a la determinación del déficit o el superávit en términos de estabilidad presupuestaria, además de la supresión del cumplimiento de la regla de gasto para aquellas entidades que registren tres ejercicios consecutivos con superávit.

El segundo punto era, quizás, el más reivindicado a lo largo de estos días y también de forma previa al inicio de la Conferencia de Presidentes. La recuperación de la financiación estatal para los Planes Provinciales era solicitada de nuevo, con dos objetivos principales en el horizonte: la creación de puestos de trabajo y la fijación de población en los municipios. Los presidentes recordaban cómo este tipo de ayudas facilitó durante añose la dotación a la gran mayoría de municipios de todo tipo de infraestructuras que han permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por último, y como asunto también muy comentado durante estas jornadas, Vázquez, Camp y Rey abordaban las conclusiones referentes a las competencias. Con un listado de cinco peticiones, entre las que se encuentra la posibilidad de que los Gobiernos intermedios puedan asumir como propias algunas competencias municipales, en los casos en que éstas no puedan ser desarrolladas en el ámbito local, o el hecho de que, "considerando que la provincia es el ámbito territorial idóneo para ejercer competencias autonómicas", se permita que las mismas puedan ser delegadas en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, los tres representantes institucionales instaban a completar estas demandas con una reforma del sistema de financiación local, necesaria para incrementar los ingresos de los Gobiernos intermedios que sean acordes con los nuevos gastos en los que incurran, para poder asumir las competencias y les puedan ser reconocidas.

Las mesas redondas concluían tratando la incidencia de la LRSAL
De forma previa a la comunicación de la declaración de conclusiones, el Salón de Plenos de la Diputación acogía la última de las cuatro mesas redondas organizadas a lo largo de estos días, en la que se abordaba el ejercicio de las competencias impropias en el ámbito local y se analizaba la incidencia de la Ley de Racionalización. Fundación Democracia y Gobierno Local y Sostenibilidad de la Administración Local en la financiación del ejercicio competencial con Joseph Llobet, miembro del consejo asesor de la Fundación Democracia y Gobierno Local, como moderador.

Durante las intervenciones se recogían ideas como la de que las competencias impropias tienen tres problemas: la delimitación conceptual, la cobertura jurídica y la cobertura financiera o la de que no puede existir la misma tramitación y el mismo coste para todos los territorios sin atender a sus peculiaridades. Entre las diversas opiniones sobre la LRSAL se mencionaba también la inoportunidad de la creación de la misma, en una época de crisis.