¿Saben los segovianos que el técnico gerente del CAT cobra 42.924,94€ al año? ¿Y el de Evisego 50.890€?

¿Saben que la Alcaldía de Clara Luquero (58.794,83 € al año) tiene a su alrededor tres personas “de confianza y asesoramiento” que perciben una retribución anual conjunta de 107.968,65 euros ? ¿Y que el concejal más viajero en los últimos meses ha sido el delegado de Desarrollo económico, Empleo e Innovación, José Bayón (35.907,46 € al año por una dedicación parcial del 80%), con 12 viajes, más que la responsable de Patrimonio histórico y Turismo, Claudia de Santos, con ocho?

¿Recuerdan los segovianos que en el primer trimestre de este año se adjudicó al Centro de Observación y Teledetección Espacial SA el contrato de asistencia técnica para el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS) por 59.890 euros, sin que aún tengamos noticias de sus avances?

¿Y que el importe inicial (anunciado en febrero de 2015) del proyecto de pavimentación de la Avenida de la Constitución era de 802.500 euros, con un periodo de ejecución previsto de seis meses, sin que las obras hayan aún concluido, tras los hundimientos de la calzada por no prever las corrientes de agua que pasan por debajo?  

Todos estos son datos que el Ayuntamiento de Segovia está obligado a entregar  constantemente actualizados a Transparencia Internacional para que este organismo elabore su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos españoles. En el año en curso, el consistorio segoviano obtuvo una puntuación de 90,6, alcanzando el puesto 69º entre 110 ayuntamientos evaluados.

"Una aportación de una entidad privada que no puedo decir quién es" para la futura Casa de la Lectura

“El Ayuntamiento de Segovia trata de mostrar el máximo grado de transparencia, facilitando así la consulta y el acceso directo a la información para todos los ciudadanos”, reza la pestaña de la web del Ayuntamiento destinada a los indicadores de transparencia.

No deben de pensar lo mismo todos los grupos de la Oposición (PP, C’s, UPyD-Centrados en Segovia e IU), cuando en el Pleno de agosto presentaron un ruego conjunto en el que exigían que el concejal de Economía y Hacienda y Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación y a su vez portavoz socialista, Alfonso Reguera, rectificara públicamente sus declaraciones en prensa sobre el proceso de elaboración del pliego que regirá el contrato del servicio del Transporte Público con la intención de desprestigiar la labor de los grupos de la Oposición; y le reprochaban haber vertido información que no se correspondía con la realidad en cuanto a la consulta del borrador y el momento en que se podía realizar.

En ese mismo Pleno, hubo más ejemplos de faltas de transparencia por parte del Equipo de Gobierno socialista. Concretamente por parte del reincidente Reguera, al mencionar “una aportación de una entidad privada que no puedo decir quién es” para la muy anunciada pero aún no inaugurada Casa de la Lectura de la concejala de Cultura, Mª Fernanda Santiago Bolaños.

Por último, como contraste a tanta presunta medalla ante Transparencia Internacional, cabe señalar la opacidad del concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo y Participación Ciudadana, Andrés Torquemada, (arropado en este tema por el Equipo de Gobierno socialista, especialmente por Clara Luquero y Alfonso Reguera), en lo que respecta a los pormenores del acuerdo firmado entre Bankia y la Fundación Caja Segovia sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles. El concejal, que percibe una retribución anual de 35.907,46 €, por una dedicación parcial del 80%, se enroca en defender que su responsabilidad en el Patronato es “a título individual”, no municipal; que la Fundación Caja Segovia “es privada, no pública”; y que, por tanto, no se siente obligado a rendir cuentas sobre el acuerdo al Ayuntamiento que lo nombró.