IU quiere que el Ayuntamiento de Segovia se sume a la campaña 'Ciencia no precaria' para el impulso del I+D+i

Izquierda Unida quiere que el Ayuntamiento de Segovia inste al Gobierno central y al autonómico a que impulsen la investigación, el desarrollo y la innovación y valoren la pérdida de recursos humanos y materiales que ha forzado a muchos jóvenes investigadores a abandonar el país, y por ello llevará al Pleno ordinario de abril una moción enmarcada en la campaña ‘Ciencia no precaria’, promovida por el grupo político a nivel estatal.

Mediante este texto se solicita a las instituciones gubernamentales que eliminen totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de la investigación y el desarrollo, para permitir así la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades del sistema de I+D+i.

La moción también incluye la petición de evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en España, así como la elaboración de un censo de los jóvenes de Segovia que se han visto obligados a abandonar la ciudad en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras iniciadas en España. Del mismo modo, plantea que los gobiernos adquieran el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras y tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente la juvenil.

“Los bajos salarios, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia iguales o superiores a los de los países del G-8”, indican desde Izquierda Unida, lamentando que los recortes hayan supuesto “una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D+i”. “Se han cerrado de forma definitiva laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar disponibles”, subrayan.

La organización de izquierdas señala que de 2010 a 2016 el Estado español “redujo su inversión en investigación y desarrollo en 2.845 millones de euros, y se perdieron más de 10.000 investigadores” y añade que es “urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país, y es prioritario valorar la situación de nuestros jóvenes, y cómo esta revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente”.