La Ley de desindexación, enésima excusa de Clara Luquero para retrasar más el pliego del transporte urbano

La alcaldesa volvió a hablar de oídas ante los medios sobre un asunto importante. Fue el jueves, en el transcurso de la habitual rueda de prensa de los jueves tras la Junta de Gobierno Local. Al ser preguntada por alguna novedad en torno al pliego del transporte urbano, Luquero respondió: “Ha salido justo una nueva normativa que nos va a retrasar algo, me lo ha informado ‘de pasillo’ la concejala de Gobierno Interior y Personal”.

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa reconoció no tener muy claro de qué estaba hablando: “No debería habéroslo avanzado hasta no tenerlo claro hablando con la jefa de contratación”. Grosso modo, explicó que dicha nueva normativa “obliga a que la institución municipal solicite a varias empresas del sector una estructura de precios del servicio.  Esa nueva normativa retrasará, porque si le tienes que dar un plazo a las empresas para que presenten esas estructuras de costes,  les tienes que dar un tiempo para que las presenten, valorarse, adaptar el pliego a eso, va a haber algún retraso. Esto sí que es por imperativo legal. Ahí no hay tu tía”.

Horas más tarde, el servicio de Comunicación de Alcaldía aclaraba que la normativa en cuestión era el Real Decreto 55/2017 que desarrolla la Ley de desindexación de la economía española, se publicó en el BOE el pasado 4 de febrero.

Entre otros aspectos, el Real Decreto establece que para todos aquellos contratos en los que la recuperación de la inversión por parte de las empresas adjudicatarias de los servicios supere los cinco años, será necesario solicitar a cinco operadores del sector la estructura de costes, siempre que sea posible. Si no se presenta ninguno, será el propio servicio municipal el que lo elabore para su incorporación en el pliego de condiciones. De esa estructura de costes se derivará, igualmente, la fórmula para la revisión de precios anual.

Las empresas tendrán un plazo para la presentación de documentación sobre la estructura de costes, habrá 20 días de exposición pública y si en ese plazo se presentan alegaciones se deberán resolver. Además, si el contrato tiene un coste superior a los 5 millones, el Consejo Consultivo de Castilla y León deberá emitir informe favorablemente. Si es inferior, sólo se le tendrá que dar traslado, pero no será preceptivo su informe favorable.