Techo de gasto... y de incompetencia

En plena reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, una noticia producía sobresalto en las redacciones informativas e importantes despachos de la Administración Autonómica: La Guardia Civíl había desplegado a primera hora la llamada “operación Pika”. Por fortuna, inmediatamente se aclaró que se trataba de una nueva redada anticorrupción en Cataluña, con lo que la desazón desapareció al instante.

El gobierno de Juan Vicente Herrera cerraba por fin el techo de gasto de 2017, que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha fijado en 9.159 millones, inflando en 177 la cuantía de las entregas a cuenta que a fecha de hoy tiene garantizadas por el ministerio de Hacienda. Si al final la consejería ha hecho de su capa un sayo con la cuantía de dichas entregas, la pregunta es por qué la Junta no presentó este techo de gasto y el correspondiente Proyecto de Presupuestos el pasado mes de diciembre, como han hecho todas las demás comunidades autónomas.

La cuestión no es baladí, ya que la situación de prórroga presupuestaria -que, como mínimo, se prolongará hasta abril- mantiene paralizadas las inversiones y la oferta pública de empleo de la comunidad. El propio consejero de Educación, Fernando Rey, ya ha dado por hecho que el retraso en la aprobación del Presupuesto impedirá celebrar este año las oposiciones pendientes de convocar en dicha consejería.

Ese conflicto que se ahorrará Rey, habida cuenta de lo que viene ocurriendo últimamente en cada oposición que convoca la Junta. El procurador socialista José Ignacio Martín Benito solicitó ayer la comparecencia del vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, para que explique la reciente suspensión cautelar de dos oposiciones y un proceso de promoción interna. 13.174 opositores a 53 plazas de auxiliar administrativo y 5 de técnico de soporte informático, así como 754 empleados públicos aspirantes a 20 plazas de promoción interna, se han quedado colgados hasta que se resuelvan los recursos interpuestos ante las anomalías que han salpicado los tres procesos.

Aunque para escándalo mayúsculo el que rodea la última oposición de facultativos especialistas en Medicina Interna del SACYL. Como habrá sido la cosa para que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, haya tenido que reconocer lo “llamativo” que resulta que el 40 por ciento de los aprobados tenga relación con el Hospital Río Hortega, al que casualmente pertenecen dos de los cinco miembros del tribunal de la oposición…