El TSJ recuerda a la alcaldesa que no obedece la sentencia de derribar la Casa de la Parra y ella lo vende como una buena noticia

Ante dicho auto, al que ha tenido acceso ‘SegoviaDirecto.com’, la alcaldesa, que reconoció no habérselo leído, lanzó este jueves las campanas al vuelo asegurando que se trataba de una buena noticia para el Ayuntamiento, según la versión de sus servicios jurídicos: “Con esto damos por resuelto el problema. Vamos por el buen camino. Es una buena noticia, en una palabra”, aseguró.

En concreto, el auto desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra una providencia de 15 de julio de 2016 que insta a la alcaldesa a cumplir la sentencia del derribo y obliga a pagar las costas a la recurrente.Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

En los fundamentos de derecho, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León también recuerda la existencia de las multas coercitivas que la providencia prevé y añade que no se ha procedido a imponerlas porque se han realizado actuaciones tendentes a regularizar la situación. Multa que, sorprendentemente, la alcaldesa niega. Este jueves en rueda de prensa, ante una pregunta expresa sobre esta sanción, Clara Luquero respondió lo siguiente: “No hay una multa. Había un riesgo sin cuantificar en caso de que hubiéramos tenido que demoler el edificio...".

"Existe una reticente actitud de no ejecutar la sentencia"

Ahora bien, el auto corrige al Ayuntamiento que no es él al que corresponde afirmar que se ha ejecutado la sentencia y le afea que se sorprenda porque señale que “existe una reticente actitud de no ejecutar la sentencia (…) basta ver la fecha en que se dictó la sentencia y la fecha en la que nos encontramos”.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que este auto, que tumba su recurso, es una buena noticia porque indica que la Administración, que no ha cumplido la sentencia, debe instar en forma la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia. Se entiende que dicha imposibilidad de ejecutar una sentencia ha de ser debidamente fundamentada y demostrada.

Alberto López, abogado de la causa por parte de IU, considera “patético” que en Segovia, en este caso, una sentencia firme del Tribunal Supremo no se esté cumpliendo. “No es imposible que se cumpla: Es imposible que se quiera cumplir”, considera. También recuerda la multa que se impuso al alcalde de Segovia de 500 euros al mes desde el 25 de febrero de 2014 y que este Ayuntamiento declarado en rebeldía tampoco ha pagado y además ahora niega. “¿Cómo se va a cumplir un auto del Tribunal Superior de Justicia si no se está cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo?”, insiste López, quien sostiene que el camino de la desobediencia también conlleva indemnizaciones a afectados. Y recuerda además que la Justicia llegó a hablar de acciones legales de carácter penal hacia la alcaldesa que podrían traer como consecuencia su inhabilitación como cargo público. Este grave hecho lo recordó precisamente el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Galindo, en un artículo el pasado mes de agosto tras la conocerse la providencia cuyo recurso este auto desestima. Se da la circunstancia de que el Equipo de Gobierno del PSOE de Clara Luquero necesita como poco la abstención de Galindo para no perder las votaciones en el Pleno del Ayuntamiento de Segovia.

Los informadores pidieron el auto a la alcaldesa, que dijo que no tenía ningún problema en facilitarlo, ya que las sentencias son públicas. Sin embargo, mientras se escriben estas líneas, Alcaldía aún no lo ha enviado.