El PP calcula que los varapalos judiciales le han costado ya 29,5 millones de euros a las arcas municipales

El Grupo Municipal Popular considera que esta nueva cifra “escandalosa” merece ser analizada al detalle y puesta en conocimiento de los segovianos: Se trata de la sentencia de 29 de julio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia que condena al Ayuntamiento a desarrollar las obras de impermeabilización de la campa de la estación de autobuses y, según indica la propia sentencia, a reparar por completo los daños que un deficiente mantenimiento de la infraestructura ha generado en los edificios y sótanos anexos a la misma.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández, ha presentado los detalles de la misma remarcando que “desde este grupo se ha pedido en reiteradas ocasiones la carpeta de pleitos y un análisis riguroso de los mismos, con el fin de cuantificar de forma objetiva y con exactitud el montante económico pendiente y ya abonado”. Como siempre, la reacción del equipo de Clara Luquero ha sido la callada por respuesta, la falta de información detallada y rigurosa, no solo a los grupos del Ayuntamiento, si no, a los segovianos. Un hecho que preocupa y mucho al GMP porque este mandato corporativo con el PSOE al frente del Ayuntamiento dejará como herencia a Segovia una inversión millonaria en el pago de sentencias y no en el desarrollo de una ciudad moderna, que asegure la calidad de vida del ciudadano.

Desperfectos por valor de un millón de euros

La demanda interpuesta por la comunidad de propietarios del Paseo Ezequiel González nº 14 al 20 y plaza de la Estación de Autobuses nº 1 y 3 ha obtenido el fallo a favor, considerando el tribunal que el Ayuntamiento es el responsable de los daños y deficiencias en elementos estructurales, humedades y desperfectos en fachadas exteriores, descritos en los informes realizados por Inzamac en el año 2011 y cuya suma alcanza el millón de euros.

En este sentido, en junio de 2016 comenzaron las obras de impermeabilización de la campa, uno de los dos aspectos a los que el Tribunal condena a llevar a cabo y que el Consistorio “vendió” a los segovianos como un logro cuando, en realidad, era el cumplimiento del previsible fallo judicial  y el fin a un proceso de años de litigio con las comunidades de vecinos afectadas por la famosas marquesinas, adosadas a los edificios de forma ilegal.

Además, la sentencia se dio a conocer a los portavoces de los grupos en el Ayuntamiento a principios de septiembre, evidentemente sin aportar ningún dato económico concreto. El GMP ha tenido acceso a la misma y ha comprobado que  también recoge el arreglo de los daños en edificios y sótanos, valorado en cerca de 400.000 euros. En este sentido y según ha explicado Fernández, “a fecha de hoy, pasado el plazo para presentar recursos y con la sentencia firme desde hace semanas, no se han tomado las medidas para ejecutar esta parte de la sentencia”. A esto se une la postura de los vecinos, a los que varios expertos han asegurado que la impermeabilización que se está llevando a cabo es propia de una terraza de exterior y no aquella destinada a soportar las toneladas de peso y vibraciones propias de una estación de autobuses.

 De nuevo, el equipo de Gobierno socialista hace gala de la falta de rigor que le caracteriza y lejos de trabajar en la redacción del proyecto para arreglar los desperfectos en el plazo de seis meses que detalla la sentencia, ha dejado pasar casi un mes, arriesgándose a no cumplir los plazos. Además, el dinero que “sobró” en la licitación de la impermeabilización (292.000 euros de diferencia entre el presupuestado y el proyecto adjudicado) se está gastando mediante transferencias de crédito a otras partidas. Las tres últimas aprobadas en el pleno de septiembre con los votos a favor de PSOE, IU y UpyD- Centrados en Segovia.

Coordinador cultural

Por último, con respecto al la oposición de la plaza de Coordinador Cultural y la sentencia que obliga al Ayuntamiento a repetir el proceso selectivo por falta de rigor en los criterios, el GMP considera que es uno de los asuntos más graves de este mandato corporativo al demostrarse que una plaza de empleado público se ha convertido en una puerta giratoria y “poco menos que ha pasado de puntillas” según ha señalado Raquel Fernández.

El GMP reitera que no duda de los méritos y de la capacidad del adjudicatario de la plaza, pero desde luego cuestiona que todos los aspirantes hayan tenido igualdad de condiciones. Al no estar perfectamente definidos los criterios de calificación en las bases de la convocatoria (según reconoce la sentencia del TSJ), se abría, como así ocurrió, la posibilidad de una valoración subjetiva de los ejercicios de los aspirantes. No es un tema de transparencia, sino de falta total y absoluta de objetividad, es decir: de falta de imparcialidad y de un claro amaño.
El GMP considera esta situación como un insulto a la inteligencia de los segovianos y proyecta una imagen nefasta de la ciudad. Igual que en caso anterior, desconocemos los pasos que se están dando (si se está dando alguno) para volver a convocar la plaza con garantías de TRANSPARENCIA, ya que la oposición está anulada.