El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avisado de la posibilidad del cierre definitivo de la planta de compostaje de Fuentepelayo tras los problemas generados. "La situación en Fuentepelayo es intolerable y tiene que terminar, no puede ser, pero habrá que hacerlo con la ley en la mano y el Derecho sobre la mesa", ha dicho.
Suárez-Quiñones ha recordado que el proceso está a medio camino, con dos vías abiertas, una penal en el Juzgado de Cuéllar y otra administrativa, con tres expedientes por infracción muy grave con propuesta de sanción paralizados a la espera de la resolución en el ámbito penal, y a través de medidas provisionales que prohíben a la empresa la entrada de más residuos en la planta hasta que retire de los terrenos afectados los residuos vertidos sin tratar.
En su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a petición de los grupos de la oposición para abordar la situación en Fuentepelayo, Suárez-Quiñones, ha vuelto a rechazar la posibilidad de que la Junta se persone en la vía penal como parte acusadora, al considerarlo innecesario por ya estar al frente el Ministerio Fiscal, pero ha asegurado compartir la indignación de los procuradores, a los que ha prometido el mayor rigor de la Junta para hacer cumplir a la empresa e incluso con la posibilidad de retirar a ésta la actividad si finalmente no ejecuta las medidas exigidas.
Ahora bien, el consejero ha esgrimido informes según los cuales el vertido de residuos en Fuentepelayo y municipios vecinos "no plantea riesgo para la salud, salvo los malos olores y el nerviosismo entre los vecinos" y ha defendido el correcto funcionamiento de los controles realizados por la Administración regional a la empresa, tanto antes como después de las denuncias vecinales.






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