El Ayuntamiento de Segovia ha concedido a la Casa de la Parra licencia urbanística para intentar evitar su derribo. En concreto, la Junta de Gobierno Local ha acordado conceder licencia urbanística al edificio destinado a vivienda unifamiliar de dos plantas sito en la calle La Parra nº4 y Taray nº3, con arreglo al Proyecto para la “legalización de vivienda y garajes , redactado por el arquitecto Mariano Velasco y visado el 19 de octubre de 2011, excepto al uso de vivienda en la planta bajo cubierta, que no cumple las condiciones del planeamiento urbanístico PGOU/DALS. IU, en boca del portavoz municipal Ángel Galindo, ha calificado la decisión de “irresponsabilidad” y ha amenazado con que “el incumplimiento del derribo podría derivar en la inhabilitación del equipo de gobierno”.
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La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, reiteró que el derribo supondría unas indemnizaciones muy cuantiosas para las arcas municipales, por lo que “está más que justificado utilizar todas las vías legales a nuestro alcance para intentar evitar el derribo”. Respecto a la relación del consistorio con el juez, Luquero explicó que “Nos estamos comunicando cada 15 días y damos cuenta al juez responsable de los pasos que vamos dando”.
El acta de la Junta de Gobierno Local del 28 de julio de 2016, añade que el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 1.146.203,27 euros, lo que se comunica a los efectos de liquidación de ICIO, debiéndose tener en cuenta que el año 1993 en que se otorgó la licencia anulada, se abonó una liquidación en concepto de ICIO de 2.776.607 pts. Y no consta que en ningún momento esa cantidad haya sido reintegrada.
El portavoz de IU Segovia, Ángel Galindo, ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno que dé cumplimiento de una vez a la sentencia judicial que obliga al derribo del inmueble. El concejal califica de irresponsable el hecho de que la alcaldesa se empeñe en hacer caso omiso a una sentencia firme y siga tratando de legalizar el edificio a toda costa. En opinión de Galindo, el Gobierno socialista debería dar ejemplo y no restar credibilidad a la Justicia, cuando esta ha dado la razón a los vecinos que denunciaron hace 20 años las irregularidades urbanísticas que rodean al edificio.
Galindo ha advertido al equipo de Gobierno de que, según la última resolución del TSJ, de seguir en esta línea podrían iniciarse acciones legales de carácter penal que podrían traer como consecuencia la inhabilitación como cargo público. “El Ayuntamiento de Segovia no contempla la posibilidad de iniciar un expediente de inejecución de sentencia, por las fuertes indemnizaciones que conlleva, al igual que el derribo, pero parece que son las dos únicas salidas que le quedan, ya que la pretendida legalización a través de un Plan Especial (urbanístico) no es aceptada por el Tribunal Superior de Justicia. Esta actitud acabará derivando en un mayor coste ecónomico para el ayuntamiento”, concluye.
(Ver adjuntos todos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local)
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