Desde Izquierda Unida advierten a la alcaldesa de que no derribar la casa, tras la sentencia judicial del TSJ, podría suponer causa de delito.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la propuesta de restauración de la legalidad del edificio destinado a vivienda, local y garajes conocido como 'Casa de La Parra'. El portavoz de IU Segovia, Ángel Galindo, ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno que dé cumplimiento de una vez a la sentencia judicial que obliga al derribo del inmueble.
El concejal califica de “irresponsable” el hecho de que la alcaldesa “se empeñe en hacer caso omiso a una sentencia firme y siga tratando de legalizar el edificio a toda costa”. En opinión de Galindo, “el Gobierno socialista debería dar ejemplo y no restar credibilidad a la Justicia, cuando esta ha dado la razón a los vecinos que denunciaron hace 20 años las irregularidades urbanísticas que rodean al edificio”.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una Providencia de fecha 15 de julio de 2016, por la que se conmina al Ayuntamiento de Segovia a derribar de forma inmediata la Casa de la Parra, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que determinaba tal obligación.
La citada Providencia del TSJCyL determina la imposición de una multa a la alcaldesa de 500 euros mensuales desde el mes de septiembre y contempla la posibilidad de deducir testimonio por si se estuviera cometiendo algún delito en caso de incumplimiento, que se produciría si no hay derribo o expediente de inejecución de sentencia.
Galindo ha advertido al equipo de Gobierno de que, según la última resolución del TSJ, de seguir en esta línea podrían iniciarse acciones legales de carácter penal que podrían traer como consecuencia la inhabilitación como cargo público. Añade que “las administraciones no han de ser permisivas y deben actuar con contundencia ante aquellos casos de irregularidades urbanísticas con los que algunos particulares tratan de lucrarse”.
El Ayuntamiento de Segovia no contempla la posibilidad de iniciar un expediente de inejecución de sentencia, por las fuertes indemnizaciones que conlleva, al igual que el derribo, pero según apuntan desde Izquierda Unida, “parece que son las dos únicas salidas que le quedan, ya que la pretendida legalización a través de un plan especial urbanístico no es aceptada por el Tribunal Superior de Justicia; esta actitud acabará derivando en un mayor coste económico para el ayuntamiento”, sentencian.
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