Un presidente en el filo de la navaja

 

  Hace algo más de un año, en un osado ejercicio de cinismo y desmemoria, Juan Vicente Herrera se jactaba en el hemiciclo de las Cortes de que Castilla y León no figuraba en el mapa de la corrupción española.“Herrera y sus golpes de pecho contra la corrupción” fue el título que utilizamos aquí para refrescarle la memoria al olvidadizo presidente, recordándole todo un rosario de casos, algunos con sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que jalonaban la historia de esta comunidad autónoma.

 

Cierto que algunos de ellos, como el de la minería y de la construcción, aunque los conoció muy de cerca, fueron anteriores a su mandato. Pero otros, actualmente en curso judicial, se han producido bajo su dilatada etapa al frente de la Junta, tales como las conexiones descritas en el auto de apertura de juicio oral del caso Gürtel o en la instrucción del caso Púnica, que dieron en la cárcel con el entonces presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Por ninguno de estos casos se sentía concernido el doble presidente de la Junta y del PP de Castilla y León.

 

Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera

Pero su amnesia llegaba más lejos. Estábamos en abril de 2015 y se diría que no tenía noticia de que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, previa denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, llevaba año y medio investigando los presuntos sobrecostes de decenas de millones de euros abonados por las empresas públicas Gesturcal y ADE Parques por la compra de la Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Una investigación por la que el Juzgado ya había imputado a una veintena de políticos, directivos y empresarios vinculados a ambas operaciones, entre ellos 6 altos cargos del gobierno Herrera, antiguos miembros de los consejos de Administración de las mencionadas sociedades, adscritas a la consejería de Economía dirigida entre 2003 y 20015 por Tomás Villanueva.

 

 

 Por si fuera poco, por esas mismas fechas “El País” desvelaba el informe de la Agencia Tributaria que había detectado una trama de corrupción en torno a la concesión de las licencias de los parques eólicos de Castilla y León. Un informe, que valora en 110 millones de euros las mordidas en metálico o en especie (participación en el accionariado) y que da lugar a la apertura de una investigación, a fecha de hoy todavía sin concluir, por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En el epicentro de la trama aparecían dos antiguos altos cargos de Economía, el ex viceconsejero, Rafael Delgado, y el ex director de Excal, Alberto Esgueva, imputados ambos asimismo en el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo.

 

La Perla Negra, todo una truculenta "solución empresarial"

¿Qué hizo Herrera a partir de todas estas revelaciones? Pues seguir fingiendo que no había tenido conocimiento previo de las presuntas fechorías, invocar la presunción de inocencia, mantener en sus puestos y proporcionar asistencia jurídica a través del bufete Garrigues a los seis altos cargos imputados y declinar el ofrecimiento del Juzgado nº 2 de que la Junta se personara en la causa ante el quebranto económico sufrido por las arcas de la comunidad.

 Eso, y posteriormente dar instrucciones al grupo parlamentario popular para que, valiéndose de un reglamento de las Cortes que le confiere una mayoría de facto, desactivara la comisión parlamentaria constituida para investigar dichas tramas, ante la que bajo ninguna circunstancia está dispuesto a comparecer, ni siquiera bajo un formato tan descaradamente ventajista como el que le han cortado a medida en la comisión sobre el Hospital de Burgos. (Ver "El topillo")

 

Trillo se sale del redíl y pone a Herrera en un brete.- Así las cosas, en la estrategia claramente exculpatoria/encubridora de la Junta se han cruzado las declaraciones ante el Juzgado de una primera tanda de testigos e imputados en la causa Perla-Negra Portillo. Y en particular la declaración el actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, citado como antiguo consejero de Gesturcal, quien renunció a la asistencia jurídica del bufete Garrigues -que entre 2011 y 2014 facturó 520.000 euros a la desaparecida ADE Parques- y acudió asistido de una letrada particular.

 

Trillo no solo calificó de “desorbitadas” las cifras manejadas para la compra de la Perla Negra -incluso el de 52 millones le siguió pareciendo un precio muy elevado- sino que señaló con nombres apellidos a los responsables de dicha operación: el consejero Villanueva y sus dos antiguos viceconsejeros, sucesivos presidentes de Gesturcal y consejeros-delegados de ADE Parques, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Era algo obvio que sin embargo otros testigos e imputados habían evitado explicitar.

 

Pablo Trillo a su salida del Juzgado

Pero la gran revelación de Trillo no fue esa, sino la de desvelar que en ese momento -septiembre 2008- decidió informar al presidente de la Junta de lo que se estaba cociendo alrededor de la Perla Negra. 
Esta confesión es la que desbarata la estrategia de Herrera, que pasa de haberse estado haciéndose el orejas sobre todo este entramado, a convocar al día siguiente una precipitadada rueda de prensa en la que se ve obligado a reconocer su intervención, que consistió en avalar la operación de compra fijada en 52,15 millones de euros, precio sobre el que rechaza cualquier sobrecoste. Según él fue una operación acertada a un precio ajustado a mercado, afirmación que basa en determinada tasación posterior que difiere de otras que constan en las diligencias judiciales.

 

En ese supuesto ejercicio de transparencia convocado a la rastra de la declaración de Trillo, el presidente de la Junta omitió el informe de la Agencia Tributaria que desveló que, con posterioridad a la firma de la escritura de compra-venta, la Junta abonó a la empresa Urban Proyecta un conjunto de facturas suplementarias por importe de 8,4 millones de euros, en su mayor parte correspondientes a gastos financieros inherentes a la propia construcción del edificio. Con lo cual, lo realmente pagado no fueron los 52,15 millones defendidos por Herrera, sino 60,55 (más de 70 con IVA), lo que ya de por sí supone un sobrecoste de 9,75 millones de euros.

 

Además de lo anterior, el presidente pasó por alto hechos tan escandalosos como la declaración judicial en la que el estudio de arquitectura al que Urban Proyecta encargó el proyecto de edificación de la Perla Negra reconoció que recibió el encargo meses antes de que se convocara el correspondiente concurso público en el Bocyl. Y tampoco aludió para nada a la turbia historia de los terrenos de Portillo, operación en la que está acreditado otro sobrecoste de no inferior a los 20 millones de euros a costa de la arruinada ADE Parques.

 

Pilar del Olmo, consejera de Economía

Lo único irregular que el gobierno Herrera encuentra en estas dos truculentas operaciones son los contratos de mobiliario y señalética por importe superior a 4 millones de euros adjudicados sin concurso a Unifica, casualmente la misma empresa que cobró en B las obras de la calle Génova. Una contratación de la que Junta no se ha dado por enterada hasta que fué desvelada por eldiario.es, momento en el que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se rasga las vestiduras anunciando que la Junta había decidido personarse en el caso, pero no en el conjunto del mismo, sino en una pretendida pieza separada en relación exclusivamente con el escándalo Unifica. (Sin citarle, Del Olmo cargó ese muerto a Delgado, quién se dio por aludido y contestó en una carta abierta que no ha tenido contestación por la consejera).

 

Pero la atribulada rueda de prensa presidencial dio para más, ya que Herrera no tuvo otro remedio que intentar aclarar otra información publicada tres días antes por eldiario.es referente a la carta dirigida en 2006 al presidente de la Junta por un promotor de parques eólicos, misiva en la que se denunciaban los tejemanejes que se traía la consejería en relación con las concesiones eólicas, relatando un “modus operandi” idéntico al detectado años más tarde por la Agencia Tributaria y que sigue investigando hoy la Fiscalía Anticorrupción.

 

Parque eólico

De todo ello se desprende que el presidente de la Junta estaba al tanto ya desde 2006 de lo que se ventilaba en torno a los parques eólicos y que en 2009, una vez informado por Trillo, avaló la compra de la Perla Negra, cuyos responsables políticos no debieron verse muy desautorizados cuando en paralelo ya tenían tramada la operación de los terrenos de Portillo.

 

Así pues, desde la pasada semana consta, por confesión propia, que Herrera conocía lo que se cocía en torno a esta sucesión de escándalos concentrados en la consejería de Economía, por cuyos antiguos responsables -excepción hecha ya de Rafael Delgado- sigue a fecha de hoy poniendo la mano en el fuego.

Ya no se trata por tanto de ninguna responsabilidad política “in vigilando”, sino de que el presidente de la Junta, desde conocimiento pleno de lo ocurrido, sigue negando la sarta de delitos (tráfico de influencias, prevaricación, malversación, cohecho, etc.) investigados por el Juzgado y la Fiscalía y se sitúa en el filo de la navaja de unir su suerte al devenir judicial de dichos casos y de los eventuales corruptos en ellos implicados. El sabrá por qué.