El pasado mes de septiembre, tras la creciente polémica nacional que rodeó la celebración del Toro de la Vega, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció que procedía abrir una reflexión en torno al futuro de tan controvertido festejo. Y a renglón seguido la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón, añadió que “se hablará, se revisará y se abrirá el debate”, remarcando que en todo caso los posibles cambios no partirían del gobierno autonómico. “La Junta no impone nada, ni es anti nada, es una fiesta de toda la sociedad”, recalcó la vicepresidenta.
Ocho meses después las cosas han sido muy diferentes. Este jueves, en ausencia, de Herrera, desplazado a París en un intento de indultar del cierre a la factoría Lauki, Valdeón presidía la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que aprobaba un inesperado decreto-ley que al que indulta es al Toro de la Vega. Aunque el decreto no cita en ningún momento el polémico torneo medieval, en la practica es el único festejo afectado por la prohibición expresa de dar muerte a las reses de lidia en los espectáculos taurinos tradicionales.
La noticia saltó inmediatamente a los espacios informativos nacionales y se hizo viral en las redes sociales, donde los detractores del festejo ganaron abrumadoramente a los defensores. Mientras el PP, como partido, eludía pronunciarse, Pedro Sánchez no ocultaba su satisfacción, lo mismo que Luis Tudanca, en este caso con la única salvedad de que a su juicio “lo lógico hubiera sido haber consultado a los vecinos de Tordesillas”.
La decisión de la Junta provocaba una mezcla de estupor y malestar entre la mayor parte de los tordesillanos, con su alcalde a la cabeza, el socialista José Antonio González Poncela, que gobierna el municipio con mayoría absoluta. González Poncela recurrirá en los tribunales un decreto-ley que entrará en vigor hoy mismo y que deberá ser convalidado por el pleno de las Cortes en el plazo de un mes.
En esa votación parlamentaria habrá ocasión de comprobar si los 25 procuradores socialistas son de la misma opinión que Sánchez y Tudanca o si alguno de ellos se desmarca en solidaridad con el alcalde, quien a la sazón es el secretario de Política Municipal en el PSOE vallisoletano, en cuyo seno la decisión de la Junta no se ha acogido precisamente con alborozo.





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