El procurador popular por Segovia en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, ha confesado este martes en Segovia que no cree que la ordenación del territorio diseñada por la Junta, las controvertidas Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST), esté acabada en esta legislatura. “Probablemente en esta legislatura no, pero estará absolutamente encarrilada”, ha declarado.
Sanz Vitorio explicó el contexto en el que se tramitó la Ley y los dos objetivos que persiguen: garantizar la prestación del servicio competencial de la Junta de Castila y León en el medio rural y que los Ayuntamientos puedan prestar aquellas competencias encomendadas por Ley a través de fórmulas que permitan generar sinergias y economías de escala para que sean más eficientes.
Los Parlamentarios Populares afirman que la Ley se aprobó desde el convencimiento de la necesidad del acuerdo, lo que obliga a mayorías reforzadas incluso para su desarrollo. En la fase de tramitación actual la aprobación de los mapas de las UBOTS, ámbitos geográficos de referencia, servirán para garantizar por Ley la prestación de los servicios competencia de la Junta de Castilla y León en el medio rural, ya que actualmente los mismos se encuentran regulados sólo por órdenes y decretos, por lo que para los populares es razonable estar de acuerdo en esto.
Asimismo, durante la rueda de prensa los procuradores segovianos explicaron el largo proceso de tramitación así como su garantía de participación y sensibilidad con las entidades locales, hasta su aprobación en el posterior trámite parlamentario que será con una norma con fuerza de Ley en el Parlamento.
Sanz Vitorio recordó que el pasado 22 de Julio el Presidente Herrera y los Grupos Parlamentarios firmaron un acuerdo en el cual se comprometían en materia de ordenación del territorio a seguir avanzando y especialmente, en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales; en las áreas funcionales estratégicas; y en el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Manifestando su apoyo tanto con la Ley como con el procedimiento, considerando que es un ejercicio de compromiso, participación y sensibilidad sin precedentes con el medio rural y las personas que viven en el mismo.







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