Anticorrupción estrecha el cerco sobre la "trama eólica"

Desde que el diario “El País” destapó el escándalo, nada había trascendido sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz del informe de la Agencia Tributaria que detectó toda la trama presuntamente delictiva organizada en torno a la autorización de parques eólicos en Castilla y León.

La agencia Colpisa informaba ayer que el fiscal que dirige la investigación, Tomás Herranz, ha reunido abrumadores indicios que confirman el enriquecimiento ilícito de determinados ex altos cargos de la consejería de Economía y de sus socios o conocidos participantes en el entramado de empresas beneficiadas por las multimillonarias transacciones denunciadas por Hacienda. Y lo que parecía un simple fleco -la presunta asesoría prestada a una de esas empresas por los despachos jurídicos de los ex diputados del PP Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte (el de este último en comandita con la también ex diputada y ex senadora vallisoletana Ana Torme)- Anticorrupción tampoco está dispuesta a pasarlo por alto.

Según dicha agencia, los hombres de Herranz están estrechando el cerco en torno al actual embajador de España en el Reino Unido, cuyo despacho (Estudios Jurídicos Labor) facturó entre 2006 y 2008 minutas por importe de 354.560 euros al grupo Collosa, una de cuyas empresas filiales, Inverduero, aparece en varias de las operaciones investigadas. De los presuntos informes jurídicos evacuados por Labor no existe constancia documental de ningún tipo. Por su parte, Sirga XXI Consultores, el despacho de Pujalte y Torme, facturó a Collosa 75.000 euros por supuestos informes de carácter verbal. “El venía a mi despacho o nos reuniamos en lugares próximos al Congreso de los Diputados, como el hotel Palace”, ha explicado Mario Armero, el antiguo ejecutivo de Collosa que contrató en un fijo de 5.000 euros mensuales tan peculiar asesoría.

Sabedores del caríz que está tomando la investigación, tanto Trillo como Pujalte se han personado mediante abogado en las diligencias de Anticorrupción. Donde no tendrán que comparecer ni ellos ni Torme es ante la comisión de investigación que investiga la “trama eólica”, ya que los tres forman parte del centenar de comparecencias solicitadas por la oposición a las que se ha opuesto el PP.

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