Aceves informa que el Juzgado estima su recurso sobre la contratación “caciquil” de la Diputación al hermano de Silvia Clemente

Por su parte, la Diputación Provincial de Segovia ya ha respondido que no va a recurrir, porque el recurso “no tiene ningún efecto jurídico real”, en palabras del portavoz del Grupo Provincial Popular, José Luis Sanz Merino, quien ha añadido que esta contratación ha afectado a las nueve diputaciones provinciales de la región, no sólo a la de Segovia, y que “vamos a pasarle el ‘recao’ a la Junta de Castilla y León”. 

Aceves en rueda de prensa recordó que el PSOE recurrió las contrataciones “a la carta” de la Diputación a personas afines al PP y que ya el año 2013 generaron polémica y una resolución del Procurador del Común. Y explicó que en junio 2014 conoció que estaban contratados en la Diputación los mismos siete técnicos que hasta dicha fecha prestaban sus servicios en el programa de dinamización económica, lo que tildó de “verdadero apaño para favorecer los intereses de personas afines al PP”.

El PSOE denunció que “se había realizado la contratación sin haberse convocado ningún tipo de selección, presentando primero un recurso de reposición y finalmente un contencioso administrativo  ante la contratación de nuevo, y ahora sin pasar ninguna prueba, del hermano de Silvia Clemente y de la mujer del Alcalde de El Espinar entre otras personas afines al PP”.

El procurador socialista y anterior portavoz en la Diputación, José Luis Aceves, exige al Presidente de la Diputación y del PP provincial, Francisco Vázquez, que reconozca el terrible error que cometieron, sin escuchar a los que lo advertíamos,  que además públicamente lo reconozca, no recurra la sentencia, ofrezca explicaciones y pida disculpas a los segovianos.

“Dos a cero y Paco Vázquez de portero”

Aceves, utilizando un símil futbolístico, indicó que el resultado de los dos asuntos que el PSOE llevó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el pasado mandato ha sido: “Dos a Cero y Paco Vázquez de portero”, en referencia a los dos recursos ganados por los socialistas.

Recordó que el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Segovia, mediante sentencia firme del pasado día 2 de febrero,  declaró no ajustado a derecho el Convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Maderuelo para redactar un proyecto de mejora de carreteras, ya que obviaron la necesidad  de disponer de dos informes vinculantes sobre duplicidades y sostenibilidad financiera, condenando a ambas instituciones a abonar las costas del proceso por mitad.

José Luis Aceves,  recuerda que, a pesar de la insistencia de su grupo con este asunto revelando presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Maderuelo, el grupo del PP en la Diputación no quiso reconocer el terrible error que cometían, por lo que fue un juez quien resolvió a favor de los socialistas.

José Luis Aceves recordó que las bases aprobadas por el ECyL (Servicio de Empleo de Castilla y León) para la contratación por parte de la Diputación de estos siete técnicos de dinamización económica, desoían la Resolución del Procurador del Común de junio de 2013 y estaban claramente preparadas para volver a contratar a los mismos técnicos que el año anterior, cuando lo consiguieron con unas bases injustas, sectarias y profundamente subjetivas, lo que conducía a la arbitrariedad, pues la entrevista personal se valoraba con 15 puntos sobre la totalidad de 25.

Añadió que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, mediante Resolución de 30 de mayo de 2014 concedió una subvención directa a la Diputación Provincial para la contratación de siete técnicos para la identificación de oportunidades de dinamización económica y creación de empresas durante el plazo de once meses con un valor de 175.700 €, teniendo la Diputación que aportar los costes empresariales a la Seguridad Social.

La resolución del ECyL establecía las bases para la selección de dichos técnicos, que prestan sus servicios en las Diputaciones Provinciales, indicando que se pueden contratar directamente o previa presentación de oferta en las oficinas del Servicio Público de empleo entre personas que hayan superado el primer o segundo ciclo de educación universitaria o grados (Bolonia), buscándose la estrategia de indicar que no había tiempo para ninguna prueba previa ya que el programa de once meses caduca el 30 de junio de 2015, cuando se puede comprobar que en dos meses si es posible dicha tramitación.

“Creemos que se rompe el principio de igualdad de oportunidades entre los interesados, ya que no se ha podido evaluar como es lógico mediante una prueba o examen por escrito al que puedan concurrir todos los interesados que consiga huir de toda arbitrariedad y que permite a todos los aspirantes contestar a las mismas preguntas y al tribunal evaluar a todos por los mismos conceptos. Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el PP  y según indica la sentencia, no son tenidos en cuenta, por el contrario manejan mejor la cultura del empleo para amiguetes”, aseguró Aceves.