El grupo popular pide explicaciones al gobierno municipal socialista por la falta de eficacia en la gestión del cobro de las multas

Según la información publicada en los medios de comunicación, en la que no se aportan datos sobre importes, aunque sí sobre las 19.290 sanciones incoadas, el 60% de las multas se abonan en el período voluntario y un 40% por vía ejecutiva, pero no aportan datos de las sanciones por infracciones que se quedan sin tramitar porque el Ayuntamiento es incapaz de notificarlas.

De acuerdo con la información que nos ha sido facilitada, a petición expresa del grupo popular, el pasado día 19 de diciembre la Alcaldesa Clara Luquero firmó el Decreto nº 9.557, por el que autorizaba la anulación masiva por prescripción de 3.449 multas de tráfico, por importe de 272.640,40 euros.

Con este decreto, si añadimos los firmados por el anterior alcalde durante los últimos años (desde el 29 de octubre de 2010), el gobierno municipal socialista ha anulado expedientes sancionadores por importe de 3.670.500 euros o, lo que es lo mismo, más de 54.800 multas revocadas por falta de notificación; lo que, desde luego, no es muestra de una gestión eficaz, sino de todo lo contrario, es prueba de una nefasta e inoperante gestión de cobros por parte del gobierno municipal socialista, quien debería dar explicaciones por ello. La alcaldesa Clara Luquero se ha limitado a firmar un decreto y a incluirlo en la inabarcable lista, que permiten consultar a los concejales de la oposición, que han detectado este decreto y han recibido, previa solicitud, los datos y el pormenor del mismo. El gobierno municipal no ha dado datos ni explicaciones en la comisión de hacienda ni en el pleno municipal, y menos aún en los medios de comunicación, lo que resulta sorprendente a los populares, dado el abultado número de multas y su importe global.   

Las causas más frecuentes de falta de notificación, al parecer, son: que el sancionado sea desconocido en la dirección que figura en el Registro de la DG Tráfico por cambio de residencia, que el interesado se encuentre ausente en horas de reparto o que la dirección sea incompleta o incorrecta; también se desiste en los casos de extranjeros sin domicilio en España.

Aunque en los tres primeros casos se investiga otro posible domicilio, al que se remite la notificación de la denuncia (siempre dentro de los plazos establecidos de 3 meses para las infracciones leves y 6 meses para las graves o muy graves), son numerosas las infracciones que pasan impunes por imposibilidad de notificación de las sanciones, lo que supone un agravio comparativo para los ciudadanos que cumplen y pagan sus multas.

Revisando el listado de 72 folios, de los que consta el Decreto nº 9.557, hemos podido comprobar que hay nombres de personas, entidades y empresas muy conocidas en nuestra ciudad, e incluso algunas de ellas proveedoras del Ayuntamiento de Segovia, que también figura en el listado, lo que nos hace pensar, juntamente con la cuantía de las cifras barajadas, que hay algo que no funciona correctamente en el proceso de imposición, notificación y tramitación de multas de nuestra ciudad.

Hemos podido comprobar que, para encontrar la dirección exacta de casi todas las empresas o entidades y de la mayoría de las personas que figuran en el listado, es suficiente con buscarlos por internet, en google u otro tipo de aplicaciones similares, por no mencionar las posibilidades de cruzar datos con los diversos censos incorporados a la informática municipal; lo que denota que en la concejalía de tráfico y transporte ni siquiera se han molestado en buscar las direcciones por estos procedimientos tan elementales.

Del análisis pormenorizado realizado sobre los ocho decretos de anulación de multas, por consiguiente, se deduce que existen aspectos mejorables en la gestión del proceso de tramitación de multas, por lo que los concejales del grupo popular presentarán un ruego en el próximo pleno ordinario pidiendo explicaciones al respecto.