El PSOE pide la implicación de todas las administraciones para acabar con el gran problema de la despoblación

Juan Luis Gordo asegura que “la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España deben liderar las acciones necesarias para evitar que se pierda más población y atraer habitantes”. Remarca que “no solo se pierde capital humano, tan necesario para nuestra provincia, sino que la posibilidad de generar más actividad económica, riqueza, consumo…”.

“De los más de 1.250 segovianos que se han ido en seis meses, un 65 por ciento tenían edades entre los 20 y los 34 años, con lo que se rompe el equilibrio intergeneracional, presente y futuro; presente porque la población cada vez está más envejecida, y futuro, porque se lastra la posibilidad de aumentar el número de nacimientos”, subraya. Sobre este último asunto, hace hincapié en que “las políticas del PP tampoco ayudas: carecen de medidas que premien la natalidad y ayuden a las mujeres y familias para que tengan hijos; y las políticas de igualdad no existen en la práctica, no en vano España es el país en el que más ha aumentado la desigualdad, desde que Gobierna Rajoy”.

Por otra parte, “el medio rural es el más castigado por la despoblación; su población envejece, los jóvenes se van, la actividad económica se acaba; el campo se abandona y se pierde su legado histórico, sin que el PP en la Junta y el Gobierno haga nada”, incidió Juan Luis Gordo, quien añadió que, “además, sufre de la pérdida de servicios paulatina”.

Juan Luis Gordo, quien ya presentó una pregunta oral en el Congreso de los Diputados en marzo pasado sobre despoblación, como coordinador de los parlamentarios castellanos y leoneses en la Cámara Baja, insistió en que “no sirven medidas aisladas o inconexa, sino un plan de acción continuada que recoja actuaciones selectivas y diferenciadas para cada zona en función de sus características y necesidades”.

De este modo, “para hacer frente a la constante despoblación que sufrimos, es necesario fortalecer un sector industrial ligado al medio rural, con pequeñas y medianas empresas para la transformación de productos agrarios y forestales,  así como potenciar el turismo rural, y servicios e infraestructuras adecuadas a cada situación que permitan reactivar la economía y fijar población”.

También estima imprescindible “una política fiscal con ventajas a las empresas y pobladores que desarrollen su actividad en las zonas catalogadas como prioritarias; así como un asignación selectiva y prioritaria de fondos europeos y del Estado para hacer frente a este problema”. Por último, insistió en que “se trata de un problema de Estado, que requiere un trabajo conjunto, eficaz y urgente”.