El Juzgado de Primera Instancia número uno de Valladolid ha condenado a Caja España-Duero, hoy Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU (CEISS), a la devolución íntegra del capital que su cliente utilizó para la compra de obligaciones subordinadas, pese a que el banco insistía que se le avisó al afectado de que este producto “no era conveniente para él”, informa Europapress Comunicación.
“Debo declarar y declaro la nulidad del contrato celebrado entre las partes con fecha 19 de junio de 2009 consistente en la orden de compra de ‘Obligaciones Subordinadas’ condenando al demandado a restituir el capital invertido con deducción de las sumas percibidas, más los intereses legales desde las fechas de desembolso de la inversión y percepción de los rendimientos, y a abonar las costas causadas así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo”, se emite en el fallo de la sentencia.
Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando el perjudicado, natural de Valladolid y que se encuentra en estos momentos en situación de desempleo sin ningún recurso económico, recibió una llamada de la entidad ofreciéndole “un producto novedoso que le daría más rentabilidad a sus ahorros”. En menos de media hora había firmado toda la documentación, sin percatarse de que entre todos los papeles que había firmado existía una cláusula en la que el banco le decía que “las preferentes no eran convenientes para él”.
Cuando el escándalo de las preferentes saltó, el demandante corrió al banco a intentar rescatar sus ahorros y encontró la misma explicación siempre, “usted conocía el riesgo ¿por qué contrató las preferentes si le dijimos que no eran convenientes para usted?”. Por ello, decidió poner el asunto en manos de la justicia ya que “ni sabía lo que había firmado y se había fiado siempre del banco, que desde el inicio le debería haber informado correctamente de los riesgos”. Llegado el día del juicio, y pese a que estaba citada a declarar la responsable del banco que le vendió el producto, la vendedora no compareció.
De hecho, la defensa del afectado, el letrado del despacho Vidau Abogados Carlos Martín, perteneciente a la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), ha destacado que lo relevante de este caso ha sido demostrar que las advertencias de los bancos (tipo: el producto no es conveniente, no es adecuado para usted), son “formalismos que pasan inadvertidos cuando una persona firma numerosos folios, sin entender nada de lo que está firmando, máxime cuando se han llegado a dar casos de gente que firma test prediseñados, en los que las respuestas no son reales”.
“Si alguien hubiese sabido lo que realmente suponían las preferentes, nadie las hubiese firmado, ni siquiera multitudes de familiares de los empleados de la banca. Lo grave es que en la banca había quien sí sabía del riesgo de las preferentes y no se lo advirtió a los ahorradores, que han firmado lo que les ponían por delante pensando en muchos casos que se trataba de otro tipo de productos”, explica Martín.
Por otro lado, el letrado ha alabado la celeridad con la que ha transcurrido el caso, ya que se ha resuelto en menos de dos meses, “por lo que acudir al auxilio de la justicia no resulta tan lento y costoso como habitualmente se indica”.
Sobre la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras
La APDEF nace en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido”, describe su presidente, Francesc García Rafanell.
Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama “abogacía social”, ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una mínima cantidad que no llega a mil euros, el cliente tiene a su disposición la notaría, burofax, tasas, procurador y abogado, y todo ello, con la ventaja de poder pagar al final del proceso, por lo que “paga el banco”.
Asimismo, la asociación cuenta con cerca de 20 bufetes asociados por toda España y debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF tiene cerca de 1.900 socios, con más de 1.250 demandas en proceso y la resolución de cerca de 120 casos resueltos, con un 95% de éxito, ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", denuncia García Rafanell.






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