Este jueves, 6 de marzo, están llamados a declarar en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº3 de Segovia, a las 11:00h y a las 11:15h respectivamente, el Alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes y la primer teniente de alcalde y concejal de patrimonio, Claudia de Santos, en el proceso de diligencias previas abiertas por un posible delito de prevaricación del primero
![[Img #22190]](upload/img/periodico/img_22190.jpg)
Como recordarán, el Juzgado de primera instancia e instrucción nº3 de Segovia admitió a trámite e incoó diligencias previas ante un posible delito de prevaricación de Pedro Arahuetes, al retirar del depósito de la grúa, sin pagar las tasas ni la sanción correspondiente, un coche particular de su familia traslado allí por encontrarse indebidamente aparcado.
El Fiscal, al considerar la existencia de indicios suficientes para iniciar una investigación judicial, había remitido al Juzgado la denuncia que había presentado en el mes de diciembre el Grupo Municipal Popular y que su portavoz, ratificó ante el Secretario Judicial, el pasado 19 de febrero.
Los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando el todavía alcalde de Segovia, retiró del depósito de la grúa, sin pagar la tasa correspondiente, un vehículo de su familia que había sido allí trasladado, como ya hemos dicho, por encontrarse indebidamente aparcado en un espacio reservado para otro organismo oficial y sin que estuviese siendo utilizado por el edil para cumplir funciones propias de su condición, puesto que se encontraba en esos momentos fuera de la ciudad.
Según la normativa de circulación, cuando la grúa municipal retira un vehículo, “los gastos que se originen por la retirada del vehículo se deberán abonar, como requisito previo a la devolución del vehículo”. Cualquier ciudadano, incluido el acalde, así debe hacerlo y luego, si cree que tiene razones para ello, recurre.
El Grupo Popular entiende que el alcalde debe ser el primero en dar ejemplo en el cumplimiento de la normativa y no debe actuar como si estuviera por encima de la ley. Su conducta tiene que ser intachable y no debe aprovecharse de su cargo para obtener situaciones de privilegio.
El proceso está en curso y en manos de la justicia y será ésta, tras analizar los hechos y la documentación, la que tendrá que decidir si el alcalde ha incurrido o no con su actuación en un posible delito de prevaricación.
El Guardia de la Porra | Miércoles, 05 de Marzo de 2014 a las 18:00:27 horas
Dicen, presuntamente, que va a mandar al poli de la denuncia para que lo aclare todo.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder