Concentración en Segovia contra la privatización del registro civil

Tan sólo faltan cinco meses para que entre en vigor,  el próximo 22 de julio, de  la Ley 20/2011 de 21 de julio de los Registros civiles (reforma también rechazada por CCOO porque quita los Registros Civiles de la Administración de Justicia) y, a pesar de las reiteras exigencias de CCOO,  el Ministerio de Justicia sigue sin adoptar una decisión que garantice de forma definitiva que los registros civiles son destino exclusivo del personal de Administración de Justicia y que seguirá integrado en la Administración de Justicia como un servicio público y gratuito para la ciudadanía.

El Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros  diseñado por el Gobierno y su ministro Gallardón atribuye la competencia para la llevanza del Registro Civil a los  Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Para CCOO esta modificación que pretende el Gobierno y  Gallardón es un nuevo ataque al servicio público de la Administración de Justicia, servicio público prestado por personal funcionario al servicio de esta Administración de manera eficaz y, hasta ahora, totalmente  gratuito. Esta reforma supone un nueva traba para la ciudadanía y el acceso a la justicia (recordemos que ya está en vigor la ley de tasas judiciales) pues si bien pudiera establecerse la gratuidad de algunas inscripciones, lo cierto es que el anteproyecto establece que  las  actuaciones registrales estarán sujetas a arancel,  es decir, la ciudadanía tendrá que pagar por realizar inscripciones.

Pero además, tendrá otra grave consecuencia como es la desaparición de empleo público ya que este anteproyecto supondrá la amortización de más de 3.000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia que conllevará planes de reordenación de efectivos y, tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estos planes de reordenación podrían incluir cambio de localidad para los trabajadores y trabajadoras.

CCOO no consentirá ninguna reforma que suponga la destrucción de la Administración de Justicia como servicio público, que no respete los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la Administración de Justicia o que suponga una nuevo obstáculo en el acceso a la justicia  para la ciudadanía.

Por eso CCOO, ESTE JUEVES, convoca concentraciones en los Registros Civiles de las capitales de provincia porque el Ministerio de Justicia está tratando de ocultar sus cartas para intentar salvar (en todo o en parte) su proyecto sobre la privatización de los Registro Civiles mediante su entrega a Registradores de la Propiedad y Mercantiles.