Un ciudadano pide al Tribunal Europeo de DDHH que se pronuncie sobre la opacidad del Ayuntamiento de Ayllón

Varios vecinos de Ayllón han solicitado al Ayuntamiento de Ayllón información y la vista sobre el expediente de obras del Hotel Ayllón, sito dentro del casco histórico de la villa, y protegido por patrimonio cultural al tratarse de una zona B.I.C.(Bien de Interés Cultural).
El Ayuntamiento hace todo lo posible para que estos no accedan al expediente, poniendo infinidad de trabas.

El hotel Ayllón que es propiedad de un concejal, además de las molestias que produce por los ruidos procedentes de las maquinas presuntamente ilegales colocadas en el tejado de dicho hotel, presumiblemente incumple numerosas normativas, y los vecinos únicamente quieren comprobar si realmente incumplen la normativa local, autonómica o nacional, para solicitar su cumplimiento.

El Ayuntamiento haciendo oídos sordos a dichas demandas de los ciudadanos, ha propiciado que los vecinos hayan solicitado al Procurador del Común de Castilla y León su intervención, y le pida al Ayuntamiento que de sin demora dicha información, tanto a los vecinos colindantes afectados, como a los vecinos que aun no siendo afectados, defienden la legalidad del patrimonio cultural.
 
Por otra parte afiliados de EQUO en Ayllón han solicitado al Presidente de la Junta de Castilla y León D. Juan Vicente Herrera que tome cartas en el asunto de tres posibles casos de corrupción urbanística y delitos contra el patrimonio cultural.

Doña Virginia Arnáiz Directora del Gabinete del Sr. Herrera ha remitido dichos informes al Director General de Patrimonio Cultural. D. Enrique Saiz Martín, el cual ha dado traslado al Servicio Territorial de Cultura de Segovia para que determinen cuantas actuaciones sean precisas cara a la protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Ayllón.
Entre las acciones denunciadas se encuentran la construcción de una casa-estudio delante del Palacio de Contreras, monumento B.I.C. desde el año 1969.

Otra de las obras denunciadas es la construcción de un parking público en las huertas de San Miguel, zona que exclusivamente solo puede destinarse a parque público o avenida según la normativa del PECH (Plan Especial de Conjunto Histórico de Ayllón).

Y por último la construcción de un parking privado en vía pública, pegado a la Iglesia de San Juan, parking que presuntamente se ha apropiado de unos 400 metros cuadrados que pertenecen a la Villa de Ayllón, y que han cortado la calle de la Fuente del Cuerno en dos, haciendo inaccesible el tránsito de los vecinos por dicha calle. El parking presuntamente ilegal es propiedad de otro concejal.

Recientemente el Ayuntamiento ha emitido un decreto que paraliza las obras de la casa estudio construida delante del Palacio de Contreras y exige devolver dicha obra a la legalidad urbanística vigente. Este hecho se produce después de las tres demandas penales presentadas por el partido EQUO por corrupción urbanística y contra el patrimonio cultural.

Los vecinos piensan que este decreto llega tarde, primeramente porque la obra está terminada, y segundo, porque la obra era propiedad de un concejal del Ayuntamiento, por lo cual ya sabían de antemano que los proyectos y la obra era ilegal, pero aun así, hasta que no ha habido denuncia por parte de EQUO, el Ayuntamiento ha hecho la vista gorda.
 
Actualmente existe un contencioso administrativo a título particular de un vecino contra el Ayuntamiento de Ayllón, porque el Consistorio se niega a dar información y acceso entre otras cosas al expediente del Hotel Ayllón. El contencioso se halla en fase de recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos, y en el mismo se solicita un Prejuicio para que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, se pronuncie sobre este asunto, ya que según recientes sentencias europeas, el derecho de acceso a la documentación obrante en organismos oficiales es un derecho fundamental, ya que la Administración no puede ser un monopolio de la información.
 
Cabe recordar que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Ayllón, fue condenado por vulnerar el derecho fundamental a la información, recogido en el artículo 20.1d de la Constitución Española.