Equo: "La nueva ley de ordenación de Castilla y León, es un apaga y vámonos para los pequeños pueblos"

"La Junta de Castilla y León y los partidos mayoritarios, PP  y PSOE han decidido en las Cortes el futuro cierre de 1715 municipios de menos de 500 habitantes, el 76% de los municipios de la Comunidad de Castilla y León.

El instrumento que utilizarán,  tras su aprobación, será una nueva Ley mal llamada de ordenación territorial, cuando lo único que ordena son servicios, que hoy son públicos y mañana serán privatizados. Las declaraciones y los “cantos al sol” del gobierno y oposición (PP y PSOE) han sido múltiples y cargadas de elocuencia, nuestra intención con este manifiesto es dar a luz a lo que será el día después, tras su desarrollo y aplicación.

Comentaremos primero, el error que consideramos premeditado, de la metodología utilizada para “informar” del proyecto de ley de Ordenación.  La turné realizada por el delegado territorial de la Junta en Segovia no era  para informar a los alcaldes, era, según manifestaba, para que los alcaldes le dieran su opinión sobre algo que desconocían, la futura Ley. Los encuentros resultaron ser un absurdo, contradiciendo las manifestaciones de responsables políticos de la Junta, donde dicen haber conducido la ley con procedimiento abierto, dialogado, discutido, explicado y participado. Lo cierto es que a fecha de hoy, alcaldes y  concejales mantienen serias dudas e interrogantes sobre el resultado final, una vez aplicada la Ley, y por añadidura, cuál será el futuro de sus pueblos.

La Ley de Ordenación no respeta el principio de autonomía de las entidades locales ni la libertad de asociarse. Las mancomunidades actuales serán disueltas, hayan hecho buena o mala gestión de los servicios. Los ayuntamientos están obligados a formar parte de las nuevas mancomunidades, delegando en ellas la mayoría de sus competencias, todas las que la nueva Mancomunidad disponga y así reflejen sus estatutos. La única competencia que les quedara a los pequeños municipios será la organización de fiestas patronales y poco más.

La desaparición de las actuales mancomunidades  y la creación de las denominadas de interés general, traerán consigo la privatización de los servicios públicos  que estas gestionan, el despido de una mayoría de los trabajadores que estas tienen y el incremento del precio de las tasas actuales, al doble de su valor, porque a las actuales tarifas habrá que añadir impuestos y beneficio empresarial.   

Las gestiones relativas a las competencias delegadas y que nunca volverán a ser de los municipios, se tendrán que realizar a decenas de kilómetros de distancia, en la mayoría de los casos sin trasporte público ya que la nueva Ley no resolverá los déficit en servicios del medio rural , la ley no ha sido pensada para ello, más bien para lo contrario.

Las unidades básicas de ordenación y servicios y la creación de mancomunidades de Interés apoyada en criterios sectoriales y contables no tienen en cuenta las diferentes realidades que caracterizan las comarcas naturales o agrarias, la Ley no resuelve los déficits con los que conviven los pequeños municipios, ni garantiza el futuro de los recursos estratégicos de sus territorios como: agua, riqueza forestal, paisaje y biodiversidad, patrimonio cultural, etc.

El criterio diferenciador entre mancomunidades rurales y urbanas, atenta contra la autonomía municipal y discrimina al medio rural en relación al urbano, facilitando en el caso de las urbanas delegación de competencias a la carta y obligando a las rurales a delegar “ si o si” la mayoría de sus competencias.

La creación de mancomunidades de interés va a generar una concentración de recursos y de decisiones políticas creando una nueva administración de carácter centralista. Esto dinamizará la desaparición de los pueblos más pequeños, afectando a la cohesión territorial.

Si la eficiencia debe presidir siempre la gestión de los recursos públicos, como dice la Junta, al haber más estructura administrativa, habrá más gasto. Donde queda la racionalización económica y la austeridad.

Creemos que la descentralización es el camino; la administración más cercana debe ser la responsable de los servicios  que más directamente afectan a los ciudadanos.

Una Ley autodenominada municipalista no puede ser el instrumento para adelgazar y vaciar de competencia a los pequeños ayuntamientos. El desarrollo rural sostenible no es posible si a la población rural se la mantiene al  margen de los recursos locales.

Por mucho que lo intente, la Junta, va a tener difícil borrar a los pequeños pueblos del mapa."
   

Emilio García – Coportavoz  Equo - Segovia.