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Aunque Marbella parece lejos, que “El topillo”
sepa al menos cinco castellano-leoneses han salido condenados en la
sentencia del “caso Malaya”, eso sí, todos ellos y al igual que el resto
de los encausados, con penas bastante más benignas que las solicitadas
por las acusaciones y el ministerio fiscal.
El más mediático de nuestros paisanos “malayos”, el ex alcalde Julián Muñoz, no ha sido ni mucho menos el que ha salido peor parado. “El Cachuli”,
abulense de El Arenal, pedanía de Arenas San Pedro, ha sido condenado
por fraude a la pena de 2 años de prisión y 16 de inhabilitación, sin
que haya recaído sobre él ninguna multa económica. Una condena bastante
más leve que la dictada contra los dos salmantinos que también formaron parte de la corporación municipal marbellí.
Pedro Román, el que fuera teniente de alcalde y mano derecha de Jesús Gíl,
ha sido condenado a 4 años de prisión y multa de 2.520.000 euros por
blanqueo de dinero y otros delitos contra la Hacienda pública. E Isabel García Marcos,
la concejala que pasó de ser azote socialista de Gíl a implicarse de
hoz y coz en los manejos del gobierno municipal de la alcaldesa Marisol Yagüe, ha de hacer frente a otros 4 años de prisión y a 700.000 euros de multa por delitos de cohecho.
Junto a los tres citados, en la relación de condenados aparecen dos empresarios castellano-leoneses. Uno es el zamorano Fidel San Román, promotor inmobiliario conocido además
por sus vínculos con el mundo taurino, que ha sido condenado a seis
meses o 750.000 euros por un delito de cohecho. El otro es el abulense Enrique Ventero,
cabeza visible del grupo Vemusa, condenado a ocho meses y a 300.00
euros asimismo por cohecho. Entre otras muchas promociones en diversos
puntos de España, Vemusa es casualmente una de las inmobiliarias que ha
desarrollado actividad en el municipio de Arroyo de la Encomienda, no en vano considerado por muchos como el Marbella vallisoletano.
Veremos si la sentencia del “caso Arroyo”, que se supone que está al caer, confirma esa percepción.
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