¿Hasta cuándo el desprecio de las empresas públicas por la legalidad?

A “El topillo” siempre le ha llamado la atención la pasmosa tranquilidad con la que el Consejo de Cuentas denuncia las irregularidades detectadas en las empresas públicas de la comunidad, sin que nadie, ni el propio organismo ni los grupos parlamentarios que conocen y debaten sus informes, se planteen nunca dar traslado a la Fiscalía de todo un cúmulo de indicios presuntamente delictivos.


Tras declararse escandalizados ante el contenido de dichos informes, los procuradores de la oposición se olvidan del asunto tan pronto se levanta la correspondiente comisión parlamentaria, sin exigir responsabilidades de ningún tipo. Visto lo cual, los gestores de dichas empresas y sus responsables políticos, los consejeros de turno, se van de rositas y siguen ignorando la legalidad con total impunidad.


El informe de fiscalización presentado la semana pasada por el Consejo de Cuentas sobre la gestión de cuatro empresas publicas (la antigua ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, Provilsa y Somacyl) es ciertamente para escandalizarse. En los cuatro casos el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público es tan flagrante como sistemático. Más o menos como ha sucedido siempre y no solo con esas cuatro empresas, sino con la inmensa mayoría de las que integran el “sector público” de la comunidad, cuya principal seña de identidad ha sido siempre el despilfarro y el enchufismo.


Vista la pasividad de la oposición parlamentaria (PSOE, IU y UPL), el Partido Castellano (PCAS) ha anunciado que esta semana presentará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia por presuntos delitos de falsedad en documento público, administración desleal y prevaricación. Veremos si la fiscalía encuentra indicios de responsabilidad penal y toma cartas en el asunto. Sería la única forma de poner coto a tanta arbitrariedad hasta ahora consentida y tolerada a la vista de todos.

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