UPyD quiere que se incorporen a su querella las preferentes de Caja Segovia

Según especifica el juez Andreu en el auto hecho público, el magistrado investigará por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a distintos directivos de determinadas cajas ligadas a BANKIA. UPyD recurrirá la decisión de tramitar la causa dentro del caso Bankia, para evitar demorar la resolución judicial, y facilitar que puedan acceder a la causa afectados de otras entidades no integrados en Bankia. También recurrirá la decisión de Andreu de no imputar al ex-gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura, al entender que ambos serían autores de los cinco presuntos delitos denunciados como colaboradores necesarios.

El abogado y miembro de la formación magenta, Andrés Herzog, ha valorado que la admisión a trámite abre una nueva "oportunidad para los afectados por las preferentes", "un nuevo campo de responsabilidad no incompatible con demandas civiles. La importancia se verá con el tiempo cuando se profundice en la investigación". El abogado ha recibido muy bien el auto de la Audiencia Nacional. "Andreu asume de principio a fin que en este caso se ideó un producto complejo para que no fuera entendible" y "sienta unas bases muy sólidas cara a la instrucción", ha manifestado, y va a obligar a las entidades y a los organismos supervisores a un "desnudo integral".

Por su parte Luciana Miguel  ha recordado  que la diputada y portavoz del partido magenta, Rosa Díez, al valorar la noticia ha sido muy crítica con el Gobierno y con la Fiscalía que había pedido al juez Andreu no investigar los hechos. En el auto, el juez instructor afirma que el criterio del fiscal habría permitido "espacios de impunidad". "El Gobierno no está facilitando que se haga justicia", censuró la dirigente.

 

Luciana Miguel ha señalado que está segura que su partido “no cejará en su empeño de que se diriman responsabilidades de todo tipo” tanto sobre esta “presunta estafa” como de todas aquellas actuaciones ilícitas que han llevado a las Cajas de Ahorro a su ruina, y muy especialmente Caja Segovia. “Si desde la política no se toman decisiones en este sentido, haremos lo que nuestros medios nos permitan en los tribunales antes de que Gallardón nos lo impida” declaró haciendo referencia por una parte al ingente esfuerzo económico que la formación magenta está realizando, más de 100.000 € en las distintas acciones judiciales emprendidas, y refiriéndose por otra a la intención del ministro de impedir que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular en las denuncias de delitos económicos en la reforma que se está barajando desde su ministerio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.