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“La política es el arte de de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. La frase de Groucho Marx
se queda corta para definir lo ocurrido el pasado viernes en el
Ayuntamiento de Burgos, donde la Policía Local impidió el libre acceso
de los ciudadanos a la sesión plenaria celebrada por la corporación
municipal.
El
equipo de gobierno -si no el alcalde, el concejal de Seguridad- había
dado órdenes de impedir el acceso al salón de sesiones precisamente de
los policías municipales que, de paisano y fuera de servicio, pretendían
asistir al pleno como medida de presión dentro del conflicto laboral
que mantienen hace tiempo con el Ayuntamiento. Como, aparte de ilegal,
en la práctica dicha discriminación era imposible de realizar, al final
se acabó cerrando por completo la puerta de entrada del ayuntamiento,
impidiendo el acceso, no solo de dichos agentes, sino del resto de los
ciudadanos y de algunos representantes de los medios de comunicación.
El
despropósito no quedó ahí, ya que para evitar por todos los medios que
los policías fuera de servicio accedieran a la casa consistorial, se
bloquearon desde dentro con cadenas las salidas de emergencia,
poniéndose así en peligro la seguridad de todas las personas que se
encontraban en el interior, incluido el alcalde y los concejales. Un
completo disparate del que por ahora nadie se ha hecho responsable. El
alcalde, Javier Lacalle, asegura que
en ningún momento hubo orden de cerrar y bloquear las puertas y el Jefe
de la Policía afirma que se limitó a cumplir las órdenes recibidas.
El
PSOE ha pedido una investigación interna, la UPyD exige
responsabilidades e IU, que califica lo ocurrido de “golpe a la
democracia con grave peligro para la seguridad de los ciudadanos”, ha
denunciado los hechos en el Juzgado. Veremos si al final alguien se hace
responsable o la culpa fue del ordenanza y de la señora de la limpieza.
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